En septiembre del año pasado, la sala penal de la corte suprema de justicia cometió una imperdonable injustica, al confirmar la brutal sentencia contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de cárcel por los hechos del Palacio de Justicia.
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El día que un escuadrón terrorista del M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia -5 de noviembre de 1985-, el general Arias se desempeñaba como comandante de la Brigada XIII del Ejército Nacional, guarnición ubicada en el comúnmente conocido como el “cantón norte”.
Luego de que el presidente de le época, Belisario Betancur Cuartas diera la orden de intervenir para efectos de reestablecer el orden público, el general Arias -en su condición de comandante de la brigada que ejercía jurisdicción sobre la capital de la República- lideró la operación.
Quienes asesinaron a los magistrados, civiles y policías que estaban en el Palacio de Justicia, fueron los terroristas del M-19 que ingresaron a esa dependencia dispuestos a inmolarse, cosa que efectivamente sucedió.
El M-19 asaltó e incendió al Palacio de Justicia
El general Arias, cumplió las órdenes que le fueron transmitidas desde la presidencia de la República y ninguna participación tuvo en los hechos por los que fue injustamente condenado.
La sanción penal que le fue impuesta, es una de las peores ignominias de nuestra historia. Mientras los cabecillas del M-19 fueron indultados y amnistiados 4 años después de esa brutal toma, los militares que enfrentaron con ardentía a los terroristas, resultaron castigados por la justicia.
El general Arias Cabrales consagró su vida a la defensa de Colombia, de sus gentes, sus instituciones y demás. Y el país, en vez de agradecerle su consagración, decidió someterlo a una humillante condena.
La situación del oficial es dramática. En el ocaso de su vida, cuando debería estar disfrutando de su familia, ha tenido que sufrir la persecución judicial.
Ni un segundo de cárcel habría tenido que pagar el general Arias. Su proceder, como el de los demás militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, fue transparente y ajustado a las normas. Quienes deberían estar encartados y atendiendo a la justicia, son los cabecillas del M-19 -Gustavo Petro y Antonio Navarro, por ejemplo- que planificaron y ordenaron esa acción demencial
Después de tantos años de tragedia, se ha conocido que el general Arias Cabrales, en aras de recuperar la libertad que nunca debió haber perdido, se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal canalla diseñado para limpiar las culpas de las Farc.
Se equivocan quienes han criticado la determinación del alto oficial. El general no es un preso, sino un secuestrado de la extrema izquierda que se ha enquistado en administración de justicia y si el vehículo para recuperar su libertad es la JEP, pues bienvenida sea la adoptada por él
Hace unos meses, otro perseguido, el general Uscátegui, condenado con testigos falsos por la masacre de Mapiripán, también se acogió a la JEP para volver a la libertad.
Los casos de Uscátegui y de Arias Cabrales no se constituyen, ni mucho menos en una legitimación de la JEP. Ellos, entre muchos otros, son víctimas de persecución y de injusticia. Y no importa cuál sea el camino que hayan adoptado para ponerle fin a las tragedia que se dispersó sobre ellos.
Publicado: mayo 19 de 2020
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