Mientras todos los cabecillas de la banda terrorista M-19, gozan de plena libertad e impunidad, la justicia colombiana, de manera inaceptable, acaba de dejar en firme la infame condena a 35 años de cárcel contra el señor general, Jesús Armando Arias Cabrales, por los hechos ocurridos en 1985 en el palacio de Justicia.
La corte suprema, esa misma corporación donde opera la banda criminal denominada “el cartel de la toga”, confirmó la condena que pesa contra el general Arias, un oficial integérrimo al que Colombia le debe mucho. Si no hubiera sido por su valentía, la banda terrorista M-19 habría cumplido su propósito de fusilar al presidente de la República de la época, Belisario Betancur.
No se puede olvidar que los terroristas que entraron a sangre y fuego al palacio de justicia aquel 6 de noviembre de 1985, tenían el plan de sentar a Betancur sobre la silla de los acusados para efectos de hacerle un “juicio”, procedimiento que en la terminología de esos sanguinarios debe traducirse en un fusilamiento.
El ejército, cumpliendo las órdenes del presidente de la República, entró al recinto tomado por los terroristas con el propósito de liberar a los secuestrados. Gracias a la valiente determinación de nuestros hombres, cientos de personas que se encontraban en el palacio, pudieron salir con vida del mismo.
Los magistrados de la corte suprema, tribunal en el que se estudiaba la exequibilidad del tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, fueron los que más sufrieron en esa operación criminal, pues el M-19 estaba cumpliendo una orden del capo del narcotráfico, Pablo Escobar, quien financió la toma con el fin de que los terroristas incineraran todos los expedientes en su contra y de paso, matar a los juristas que allí se encontraban.
13 miembros de la Fuerza Pública fueron asesinados por los terroristas durante los dos días que duró la operación de recuperación del palacio de justicia. Los sanguinarios del M-19 tenían el propósito de acabar con el Estado de Derecho y por poco lo logran. Mataron brutalmente a 11 magistrados de la corte, crímenes por los que no respondió uno solo de los cabecillas del M-19.
Al general Arias lo culpan por propiciar la desaparición de algunas personas que estaban en el palacio, una imputación fantasiosa y carente de sentido. En medio de la batalla, del incendio, era perfectamente imposible pensar en algo distinto que en salvar a los secuestrados e impedir que los terroristas alargaran la toma del palacio.
Así mismo, se ha demostrado que no hubo desaparecidos. Claramente, se llevó a cabo un pésimo manejo de los restos de las personas que murieron fusiladas por el M-19, o incineradas como consecuencia del incendio que desataron los terroristas que lideraron esa operación demencial. Los cadáveres fueron enviados en bolsas negras a distintas fosas comunes, donde se confundieron con muertos NN y víctimas mortales de la tragedia de Armero, que tuvo lugar una semana después de la toma del palacio, pero esa falla, de la que el ejército no fue responsable, no puede ser, en ningún caso, utilizada como medio de prueba para imputar el delito de desaparición forzada contra nuestros militares.
La confirmación de la condena contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, es una puñalada más que la justicia corrupta colombiana le incrusta al corazón de nuestra sociedad.
Cuesta asimilar la retorcida realidad que se vive -padece- en Colombia: los peores genocidas, violadores, narcotraficantes y hampones de la historia, libres e impunes, ocupando curules en el congreso, mientras que nuestros héroes, como el general Arias Cabrales, se pudren en una ignominiosa cárcel, condenados injustamente por una justicia que está al servicio del crimen y no de los intereses superiores de nuestra República.
Publicado: septiembre 26 de 2019
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