Los hechos que sucedieron con ocasión del intento de atraco o secuestro al médico que valientemente dio de baja a los 3 delincuentes que atentaron de manera grave contra su integridad, confirman que Colombia debe proteger de manera decidida el derecho a la defensa personal.
El código penal colombiano es claro al indicar -artículo 32- que no habrá lugar a responsabilidad cuando “se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión”.
El abogado del involucrado en esta situación, ha comparecido ante los medios de comunicación para efectos de precisar algunos detalles. El médico, que en el pasado fue víctima de un intento de secuestro, goza del permiso para portar el arma con la que abatió a los facinerosos. Según el testimonio del abogado defensor, su cliente fue abordado por los bandidos quienes lo agredieron físicamente con cuchillos y con la cacha de un revolver. Uno de los delincuentes amenazó con dispararle para reducirlo y poderlo introducir a un vehículo. En ese instante, la víctima tomó la valiente decisión de desenfundar su pistola. Hizo todos los disparos del proveedor, dando de baja a los criminales que lo abordaron.
Al verse desarmado por falta de munición, y temiendo que hubiera más delincuentes en el área, el doctor emprendió la huida, pues en el forcejeo él perdió su teléfono, razón por la que estaba imposibilitado para buscar ayuda por parte de las autoridades.
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Abundan las voces que cuestionan injustamente la reacción del médico que valientemente defendió su vida. Dicen, sin conocimiento ninguno, que su reacción fue desproporcionada habida cuenta de que los agresores estaban armados con puñales.
El médico, que en el pasado ha sido víctima de la violencia que se registra en el país, accionó su arma, luego de la agresión física que le causaron los 3 delincuentes. Se ha sabido que todos esos sujetos tenían antecedentes penales.
Es ingenuo sugerir que el doctor no podía utilizar su pistola, porque los asaltantes eran portadores de armas blancas. La desproporción de fuerzas era evidente y si el médico no hubiera actuado como lo hizo, seguramente el muerto o secuestrado hubiera sido él.
La extrema izquierda, acostumbrada a politizar todos los debates y a defender a los criminales, ha dicho mentirosamente que quienes defienden el derecho a la legítima defensa, en el fondo están promoviendo al paramilitarismo.
Son dos escenarios absolutamente distintos. La defensa personal no tiene relación ninguna con la defensa colectiva. El fenómeno del paramilitarismo -desmontado durante el gobierno del presidente Uribe-, tuvo sustento legal desde mediados de los años 60 del siglo pasado, cuando el gobierno de Guillermo León Valencia emitió un decreto/ley que abrió la posibilidad para que los particulares se organizaran y pudieran adquirir armas que eran de uso exclusivo de la Fuerza Pública.
La autodefensa colectiva, no existió exclusivamente en Colombia. Otros países de la región, que sufrieron la violencia de estructuras terroristas de extrema izquierda, incorporaron normas con las que se avaló la creación de grupos civiles para hacerle frente a las guerrillas. Perú, con las denominadas Rondas Campesinas, fue uno de ellos.
La fiscalía colombiana tiene el caso en su poder. El médico y su abogado pusieron la cara, entregaron el arma y su respectivo salvoconducto. Así mismo, se practicó la valoración en medicina legal, para efectos de confirmar las agresiones y heridas que sufrió el doctor que para muchos colombianos obró de manera valerosa, al proteger su vida frente a los 3 delincuentes que atentaron contra su integridad.
Publicado: febrero 5 de 2020
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