En los Estados Unidos, gracias a la Segunda Enmienda de la Constitución los ciudadanos gozan del derecho a portar armas, el cual no podrá ser infringido por ninguna autoridad.
La garantía de la legítima defensa, es uno de los principios por los cuales, la corte suprema de justicia de ese país, en múltiples pronunciamientos ha ratificado la vigencia de la enmienda, que desde hace algunos años ha estado en la mira de los sectores de izquierda del partido Demócrata estadounidense.
Luego de cada episodio de violencia -concretamente de las balaceras que se llevan a cabo en lugares públicos-, se pretende culpar a la libertad de porte de armas y se plantea la incorporación de medidas restrictivas para dificultar la adquisición de rifles de asalto, en abierta contradicción con el precepto constitucional que es el sustento de la denominada Carta de Derechos trazada por los padres fundadores.
En Colombia, son cada vez más complejos los procedimientos para que un ciudadano pueda portar o tener un arma en su casa. El argumento que fundamenta las decisiones contrarias al porte, no deja de ser estúpido, pues parte de la presunción de que se estimulará la violencia e inseguridad.
No hay estadísticas definitivas, pero no hay duda ninguna de que casi la totalidad de acciones violentas y asesinatos cometidos en nuestro país, se cometen con armas adquiridas en el mercado negro. Un terrorista o un atracador, no estará muy dispuesto a pagar los altos costos que tienen los revólveres y pistolas que se ofertan en Indumil -Industria Militar-, que es la entidad facultada por las leyes colombianas para vender, a través de las brigadas del Ejército, las armas que eventualmente pueden quedar en manos de los particulares.
La legítima defensa, debe ser entendida como el derecho que le asiste a todos los seres humanos, para resistir un ataque o agresión ilegítima que ponga en grave riesgo su vida, o la de un tercero.
Aquel que hace uso de su derecho, por un instante se convierte en agresor, precisamente para evitar ser agredido.
Y aquello fue lo que ocurrió en días pasados en el norte de Bogotá, cuando tres facinerosos se disponían a atracar a un profesional de la salud que, al finalizar la jornada de trabajo, se desplazaba caminando hacia su residencia.
Al verse en evidente condición de inferioridad frente a sus agresores, el médico en cuestión no tuvo alternativa distinta que la de desenfundar su arma para proteger su vida. El resultado: los delincuentes fueron abatidos.
Nadie puede alegrarse ni celebrar la muerte de un ser humano, pero quienes perdieron la vida en el caso que se está comentando, son responsables de lo sucedido. Ellos decidieron transgredir las leyes, poniendo en riesgo sus vidas. El médico que actuó en evidente defensa personal, hizo lo que correspondía.
Sería absurdo que la justicia empezara a perseguirlo, pues el doctor actuó de manera proporcionada ante la agresión de que fue objeto. En la escena, participaron tres delincuentes contra él, un ciudadano de bien. La única manera de equilibrar las fuerzas, consistía en desenfundar su arma con el fin de dar de baja a aquellos que se disponían a atentar contra su existencia.
Que este episodio sirva para estimular una reflexión sobre lo inconveniente que resultan las trabas legales y burocráticas que se le imponen a los ciudadanos que intentan adquirir armas, en aras de proteger sus propias vidas.
Publicado: febrero 3 de 2020
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