En Colombia hay abogados expertos en inventar toda suerte de artimañas para hacerle el quite a los fallos judiciales, sobre todo cuando estos implica el pago de multimillonarias indemnizaciones, tal y como está sucediendo en el caso de Cerro Matoso, luego de que la corte constitucional conminara a la empresa explotadora de esa mina de níquel, la multinacional británica BHP Billiton, a indemnizar a los trabajadores y extrabajadores cuya salud ha sido afectada por cuenta de la explotación a cielo abierto de esa mina ubicada en el municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba.
De acuerdo con lo dicho por el abogado de las víctimas, Abelardo De La Espriella, BHP Billiton deberá pagar más de $450 millones de dólares en lo que se constituye, sin lugar a dudas, en una de las mayores sanciones en la historia reciente.
Las actividades mineras deben gozar de seguridad jurídica por parte del Estado, pero las empresas explotadoras están obligadas a cumplir a cabalidad con las normas, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de la salud de los empleados y del medio ambiente.
Resulta altamente preocupante que actualmente Cerro Matoso no tenga una licencia ambiental. No se entiende por qué las autoridades correspondientes no adelantan una intervención urgente para evitar que la empresa en cuestión siga explotando las más de 38 mil toneladas de ferroníquel que proyecta extraer este año, sin control alguno.
Este episodio de Cerro Matoso, ha puesto en evidencia el poder que manejan las grandes empresas mineras del mundo que, en vez de invertir en la protección ambiental y en establecer procedimientos tendientes a reducir el riesgo sobre la salud de sus empleados, prefieren proceder a la contratación de asesores legales y de comunicaciones de primer nivel para evitar sanciones legales y mitigar el impacto reputacional sobre su marca.
Cerro Matoso lleva operando más de 35 años y desde entonces las quejas y denuncias habían sido desoídas, hasta hace 5 años, cuando un grupo de víctimas se unieron para presentar una demanda, evidenciando los casos de aquellos que han muerto por cáncer de pulmón o de quienes han sufrido efectos letales sobre su salud como consecuencia de la falta de control en la explotación del ferroníquel.
La corte constitucional tomó una decisión sin lugar a dudas histórica, al reivindicar los derechos de los trabajadores y fijando un plazo de no más de 6 meses para que el tribunal administrativo de Bogotá fije el monto final de la indemnización.
De nada le sirvió a Cerro Matoso haber contratado los servicios de abogados de renombre como Carlos Gustavo Arrieta –el hombre que permitió que Colombia perdiera buena parte de su mar en el Caribe en el litigio con Nicaragua-, o el exministro santista y hoy magistrado de la cuestionada y politizada JEP, Yesid Reyes. El máximo tribunal constitucional colombiano no se dejó deslumbrar por esos juristas, ni por la presión que durante el proceso ejerció el exmagistrado de esa corte, Eduardo Cifuentes quien litigó a través de uno de sus hermanos.
Ahora, que la decisión está adoptada y que están corriendo los plazos para pagar la indemnización ordenada por la corte constitucional, se ha presentado una situación insólita: Cerro Matoso se ha dado a la tarea de desconocer el fallo, burlándose no solo de la administración de justicia, sino de las víctimas. Y para evitar que los medios mencionen el caso, la mina contrató los servicios profesionales de la empresa de estrategia de comunicaciones de la exministra Claudia De Francisco, socia del cuestionado Rafael Mora Ricardo.
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Una persona cercana al caso, le confirmó a LOS IRREVERENTES que no se descarta que personas muy cercanas al gobierno de Santos estén coadyuvando a Cerro Matoso para que desconozca la decisión de la corte constitucional. Al fin y al cabo, BHP Billiton ha sido una de las empresas generosamente favorecidas por Juan Manuel Santos.
Publicado: abril 18 de 2018