Santos deberá solicitar la extradición de Álvarez y Parody, con la misma celeridad que procedió en el caso de Arias.
La decisión de un juez federal de los Estados Unidos Unidos de autorizar la extradición del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias abre un interesante debate respecto de la suerte que podrían correr las exministras santistas, Gina Parody y Cecilia Álvarez, quienes desde que estalló el escándalo de Odebrecht, huyeron hacia los Estados Unidos.
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Arias fue condenado en julio de 2014 a más de 17 años de prisión, luego de que la corte suprema de justicia lo halló culpable de dos delitos, relacionados con el cuestionado programa agro ingreso seguro, planificado y ejecutado por el exfuncionario de la administración de Álvaro Uribe Vélez.
Luego de que la corte suprema notificara la condena, a través de los canales establecidos, empezó a tramitarse una solicitud de extradición ante las autoridades norteamericanas. Es evidente que dicha solicitud salió de la corte suprema, pero también es evidente que el gobierno colombiano, a través de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, así como de la embajada de Colombia en los Estados Unidos, le hundió el acelerador al proceso para que el exfuncionario fuera capturado y conducido a nuestro país.
Cecilia Álvarez y Gina Parody no han sido condenadas, pero están a punto de ser requeridas por la justicia para que respondan por su participación en la operación de corrupción más grande de los últimos años. Ellas, desde su lujoso apartamento en el centro de Manhattan, le han hecho el quite a las primeras citaciones de la fiscalía, amparándose en el evidente poder con el que aún cuentan y del que se valen para burlarse de la fiscalía general de la nación.
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Es innegable que el gobierno de Santos ha movido los hilos de la persecución judicial contra miembros del uribismo. Las condenas de muchos de ellos, proferidas por la corte suprema de justicia, dejan más dudas que certezas. En el caso de Arias, los cuestionamientos han girado entorno a dos hechos concretos: la magistrada que lideró el juicio en su contra, tenía un aparente sesgo, por su enemistad con el gobierno del presidente Uribe y, en segundo término, la exageración de la condena. ¿Por qué le impusieron la mayor pena prevista en el código?
Mientras los uribistas eran perseguidos, Santos se frotaba las manos. En un momento, como un verdadero canalla, aseveró que, a diferencia del de Uribe, “en mi gobierno no ha habido un solo funcionario cuestionado”.
El tiempo se ha encargado de refregarle a Santos la máxima de la sabiduría popular: el que al cielo escupe, en la cara le cae.
No falta mucho para que un juez de la república resuelva si envía o no a la cárcel al cada vez más enredado exdirector de la agencia nacional de infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, salpicado hasta la coronilla con el caso de Odebrecht.
Y en cuanto a las exministras Álvarez y Parody, calificadas por Santos como unas “impolutas”, posiblemente en los próximos días dejen de ser unas fantoches residentes de Manhattan, para convertirse en unas vulgares prófugas de la justicia.
Lo interesante será registrar cuál va a ser el comportamiento del gobierno frente a la eventual orden de captura de las doctoras Álvarez y Parody. ¿Volteará la mirada o procederá con la celeridad que se le vio en el caso de Arias?
Santos disfruta viendo al exministro de Uribe amarrado de pies y manos en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Miami, esperando a que llegue el día de su extradición a Colombia, donde le esperan 17 años y medio de prisión.
Cuando se presente la oportunidad, por elemental equilibrio, deberá ordenar un procedimiento similar contra quienes fueron sus ministras estrella, Cecilia Álvarez y Gina Parody, partícipes del más vulgar caso de corrupción y desgreño administrativo de que se tenga registro en nuestro país.
Publicado: octubre 2 de 2017
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