Las “impolutas” exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, están ad portas de convertirse en unas vulgares prófugas de la justicia.
Haciendo un despliegue brutal de soberbia, las otrora poderosas exministras de Santos, Cecilia Álvarez Correa y Gina Parody, siguen limpiándose los pies con la administración de justicia de Colombia, que las ha llamado en tres oportunidades para que expliquen su participación en el entramado de corrupción de Odebrecht.
Tan pronto las exfuncionarias fueron denunciadas en la fiscalía general de la nación por un nutrido grupo de parlamentarios uribistas, el presidente Santos reaccionó calificándolas como mujeres “impolutas”. Si lo fueran, no habrían huido hacia la ciudad de Nueva York, cuando la fiscalía empezó a indagar sobre su papel en la peor trama de corrupción de las últimas décadas.
Desde su lujoso apartamento en Manhattan, Álvarez y Parody han planificado una operación para evadir la acción de la fiscalía colombiana, entidad que las está buscando para que rindan interrogatorio.
Las “impolutas”, a través de su abogado, el cuestionado abogado Guillermo Puyana, han enviado mensajes contradictorios con el único propósito de confundir a la fiscalía y dilatar la investigación que se adelanta en su contra.
Para esclarecer y poder administrar justicia en el escándalo de Odebrecht, se hace necesaria la presencia de esas dos exfuncionarias en el proceso. Cecilia Álvarez, como ministra de Transporte, le adjudicó a Odebrecht la construcción de la carretera entre Ocaña y Gamarra, decisión que además de favorecer a la cuestionada empresa, tuvo una gran beneficiaria: la familia Parody, propietaria del puerto Andalucía, sobre el río Magdalena, en el municipio de Gamarra.
A los contribuyentes colombianos aquel regalo de la doctora Álvarez a su familia política, les costó la friolera de $900 mil millones de pesos.
Álvarez y Parody, tan pronto se desató el escándalo alegaron que se trataba de un embuste de la oposición encarnada en el Centro Democrático. Buscaron la forma de silenciar a este portal, que fue el medio que reveló aquel acto de corrupción, llegando al extremo inaudito de recurrir a los servicios del delincuente Luis Gustavo Moreno, quien en su condición de fiscal anticorrupción, intentó evolucionar un mecanismo judicial tendiente a amordazar a LOS IRREVERENTES.
Las patrañas no fueron suficientes para lograr que su proceso durmiera el sueño de los justos. Hoy, las tristemente célebres “impolutas” de Santos, están ad portas de convertirse en unas vulgares prófugas de la justicia colombiana, pues luego de las tres inasistencias a las diligencias para las que han sido citadas en la fiscalía, lo que procede es que se les llame a audiencia de imputación de cargos, con orden de captura internacional de por medio.
Atrás quedó el viejo mito de que “la justicia es para los de ruana”. Las poderosas exministras de Santos, esas que creían que el Estado era una extensión de sus negocios particulares, tarde o temprano serán conducidas al banquillo de los acusados, desde donde tendrán que defenderse de todos los delitos que cometieron, abusando de la posición privilegiada que ostentaron durante buena parte del gobierno corrupto de Juan Manuel Santos.
Lo cierto es que el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha dado suficientes muestras de ser un hombre implacable y cuya única agenda es la de combatir a la criminalidad, sin importar quién o quiénes terminen tras las rejas, no va a permitir que las señoras Parody y Álvarez continúen burlándose de la indignada sociedad colombiana.
Publicado: septiembre 18 de 2017