El consejo de Estado acaba de confirmar que el NO ganó limpiamente las votaciones del 2 de octubre de 2016.
A finales del año pasado, los grandes medios de comunicación, afectos al gobierno de Santos, se desbocaron titulando que el uribismo había manipulado a los electores durante la campaña del NO, luego de que la cuestionada magistrada del Consejo de Estado, Lucy Janeth Bermúdez admitiera una demanda en la que se alegaba, mentirosamente, que “hubo violencia psicológica” durante la campaña y que el contenido del acuerdo celebrado entre Santos y la banda terrorista de las Farc “fue manipulado por los líderes del NO”.
Con aquella decisión, quedaba cuestionada la legitimidad de la victoria del NO en la jornada plebiscitaria del 2 de octubre del año pasado.
Esos mismos medios que se regodearon aplaudiendo y haciéndole eco a las declaraciones absurdas y mentirosas de la magistrada Bermúdez, ahora callan frente a la decisión final que adoptó hace pocos días la sección quinta del Consejo de Estado, respecto del plebiscito del 2 de octubre.
La magistrada Lucy Janeth Bermúdez, insistió en que el resultado de aquella votación debía ser invalidado por “fraude al sufragante” como consecuencia de una supuesta violencia psicológica y que los promotores del NO hicieron “una total tergiversación, en muchos de sus aspectos neurológicos, del contenido del acuerdo sometido a votación el 2 de octubre de 2016, el cual fue determinante para la obtención del resultado en dicha contienda electoral”.
Al analizar la posición de Bermúdez, los demás magistrados que integran la sección quinta del Consejo de Estado concluyeron que la decisión adoptada por ella no estuvo ajustada a las normas legales. Con ello, queda en evidencia que la magistrada cometió un vulgar prevaricato, delito por el que deberá ser investigada en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
Para el Consejo de Estado, cualquier discusión sobre el plebiscito carece de trascendencia toda vez que el acuerdo que fue sometido a refrendación popular ya no existe, hecho que es bastante debatible, pues el acuerdo que fue rechazado por la mayoría de ciudadanos no fue objeto de modificaciones de fondo, sino de cambios puramente estéticos y formales. Los asuntos por los que la ciudadanía votó en contra, como la JEP, la elegibilidad de autores de crímenes de lesa humanidad, conexidad entre el narcotráfico y la rebelión, se mantuvieron.
Pero lo relevante en la decisión que tomaron los 4 integrantes de la sección quinta es que no es cierto que los promotores del NO hubieran manipulado a los electores, como tampoco es cierto que éstos hubieran sido objeto de violencia psicológica como irresponsablemente aseveró la prevaricador consejera de Estado, Lucy Janeth Bermúdez, cuyo esposo, Carlos Augusto Galvez Argote es beneficiario de la mermelada santista, gracias a un multimillonario contrato que le regaló el presidente de Ecopetrol, el exministro de Hacienda de Santos, Juan Carlos Echeverry. (Al respecto, lo invitamos a leer “La magistrada mandadera”).
En el plebiscito se cometieron delitos, pero por parte de los promotores del SÍ que fueron quienes manipularon a la sociedad, amenazándola con terribles y descarnadas guerras en las ciudades en caso de que ganara el NO. Fue el gobierno el que hizo rodar miles y miles de millones de pesos del presupuesto público para hacerle propaganda al SÍ. También fueron los defensores de la opción derrotada, los que dijeron que aquellos que votaran por el NO debían ser calificados como “enemigos de la paz”.
A pesar de tener todo en contra, de la pesada maquinaria oficialista empleada a fondo para que la mayoría votara por el SÍ, el acuerdo entre Santos y Timochenko era –y sigue siéndolo- tan nocivo, que el NO se impuso en las urnas.
Pasaron 9 meses desde que la magistrada Bermúdez acusó infamemente a los promotores del NO, hasta que sus colegas tomaron la decisión de desmentirla a través de un fallo que no tiene mayor trascendencia en materia jurídica, pero en cambio posee un importante peso en términos de honor: el NO ganó limpiamente esa votación que Santos arbitrariamente resolvió robarse, hecho atentatorio contra la democracia y que lastimosamente al Consejo de Estado le importó una higa.
Publicado: agosto 8 de 2017