En días pasados, el presidente Santos, en tono soberbio y creyendo que sus palabras se limitarían a generar titulares, le pidió al fiscal general de la nación que “no tenga ningún tipo de contemplación con los corruptos”.
No habían pasado 24 horas desde que se produjo ese mensaje y el fiscal, al decir popular, le agarró la flota anunciando que en septiembre le imputará cargos por el delito de celebración indebida de contratos a uno de los funcionarios estrella del gobierno, el director de la agencia nacional de infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade.
Ante las evidentes irregularidades en la contratación a dedo y sin que mediara licitación pública de la carretera entre Ocaña y Gamarra, disfrazándola como una adición, cuando abundan los conceptos que dan cuenta de que aquella es una carretera completamente distinta a la Ruta del Sol, la fiscalía llevará a Andrade ante un juez para que responda por haberle entregado más de $900 mil millones de pesos a la empresa Odebrecht, dinero del que salieron por lo menos $45 mil millones de pesos para pagar sobornos a distintos funcionarios y personas cercanas al presidente de la República, como Roberto Prieto Uribe.
Andrade, que ha sido muy defendido por algunos periodistas afectos al régimen santista, tiene mucho por explicarle a la justicia, empezando por su cercanía con el cuestionado senador Bernardo Ñoño Elías, con quien se reunía frecuentemente y de quien también recibió dádivas y atenciones, llegando al extremo inaudito de permitir que su esposa aceptara una fina cartera obsequiada por el Ñoño. (Al respecto, puede leer “De los botines de Sale, a las carteras de Ñoño”)
El hombre de confianza y mano derecha de Andrade en la ANI, Juan Sebastián Correa, quien habría sido uno de los engranajes de la red de corrupción, al que también le correspondió una importante porción del dinero de los sobornos, hoy está en la cárcel y ha expresado su voluntad de colaborar con la justicia.
Andrade ha tratado de explicar su inaceptable y a todas luces ilegal comportamiento, escudándose tras su pasado laboral como ejecutivo de una prestigiosa multinacional, o de su parentesco con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.
Aquellos asuntos no tienen ninguna relación con el hecho concreto que es la entrega irregular de una muy importante cantidad de dinero público a una compañía que hizo rodar miles de millones de pesos en sobornos para lograr que aquello ocurriera.
Mientras Juan Sebastián Correa traficaba con influencias y cocinaba los sobornos en la ANI, la ministra de Transportes de la época, Cecilia Álvarez, presionaba para que se hiciera lo que fuera menester para la construcción de la carretera que beneficia los intereses económicos de la familia de su pareja sentimental permanente, Gina Parody. Y mientras esto sucedía, en plena campaña reeleccionista, Andrade no solo no impidió el ilícito, sino que aceleró la firma de la adición.
El doctor Andrade se presume inocente, pero los hechos que rodean este caso no dejan mucho espacio para las dudas. Las pruebas abundan, razón por la que el abogado defensor del director de la ANI no la tendrá fácil, menos en un momento en el que los demás protagonistas del entramado de corrupción están en la mira de las autoridades y no serán pocos los que resuelvan colaborar para efectos de recibir beneficios judiciales.
Santos pidió cero contemplación con los corruptos y el fiscal, obedientemente, le está haciendo caso a la solicitud. Andrade será el primer alto funcionario del gobierno en caer ante la justicia, pero no será el único, pues por ahí andan libres dos exministras que según Santos son “impolutas”.
Publicado: julio 31 de 2017