Debe investigarse la campaña de Santos, pero también las finanzas de la fundación Buen Gobierno, dirigida por Martín Santos.
Empieza a conocerse la verdad en todo su esplendor. Desde el primer momento en que este portal hizo pública la escandalosa contratación de la carretera entre Ocaña y Gamarra, pocas semanas antes de la primera vuelta presidencial de 2014, quedó sobre la mesa un interrogante que empieza a dilucidarse.
Además del claro favorecimiento a la familia de la exministra Gina Parody, existía un sospechoso afán para que la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- firmara a las volandas el otrosí con el que Odebrecht se quedó, sin que mediara licitación alguna, con la ruta de Ocaña a Gamarra, recibiendo poco menos de un billón de pesos de manos del gobierno nacional.
Sumada a la presión que ejerció la hoy exministra Cecilia Álvarez, LOS IRREVERENTES develaron que el hoy secretario privado de Santos, el señor Enrique Riveira, en condición de director administrativo de la campaña reeleccionista realizó una llamada telefónica al director de la ANI, Luis Fernando Andrade. (Sobre este caso, puede leer “La llamada de Riveira”)
En comunicado emitido por la fiscalía general de la nación se lee que “el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de USD$ 1 millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña ‘Santos Presidente-2014’. Del millón de dólares se habría descontado una comisión por el 10%, a favor de terceros ya identificados por la fiscalía”.
De tiempo atrás los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana han venido preguntándole a Santos si sus campañas presidenciales recibieron dinero de Odebrecht. El presidente guardó silencio. Pero la fuerza de los hechos lo obligará a hablar. Y no solo a él.
La fiscalía está en la obligación de investigar a los directivos de la campaña de Santos y al actual director de la fundación Buen Gobierno, Martín Santos.
No hay que perder de perspectiva que buena parte del proselitismo de la campaña reeleccionista de 2014 se tramitó a través de esa fundación que disfrazó dichas actividades como eventos “académicos”. Lo cierto es que las finanzas de Buen Gobierno deben ser investigadas para efectos de determinar la naturaleza de los dineros de dicha institución.
La exministra Álvarez
Ante estas nuevas revelaciones, la exministra Cecilia Álvarez, quien se ha dedicado a despotricar de las personas y los medios de comunicación que han denunciado sus actuaciones a todas luces irregulares, debe ponerle la cara al país para esclarecer los hechos que rodearon el otorgamiento a Odebrecht de la carretera en cuestión.
LOS IRREVERENTES pusieron en conocimiento de la opinión pública hechos que ameritan una explicación contundente y clara. ¿Por qué se entregó la carretera sin que mediara una licitación? ¿Por qué se modificó el trazado de la misma? ¿Por qué el afán de suscribir el otrosí pocas semanas antes de la primera vuelta presidencial? ¿Cómo entender que después de haber firmado el otrosí el gobierno hubiera corrido a hacer un documento conpes y un confis para ‘legalizar’ la adición? (Puede leer la historia completa de esta denuncia)
Sobre estos cuestionamiento, pende un gran interrogante que deberá dilucidarse durante la investigación: ¿La carretera Ocaña-Gamarra fue la garantía para que Odebrecht, por debajo de cuerda, le entregara un millón de dólares a la campaña de Santos a través del comisionista Otto Bula?
Ejemplo de Perú
Mientras en Colombia empieza a descorrerse el velo de Odebrecht, en Perú la justicia ha avanzado de manera ejemplar. De acuerdo con informaciones emanadas del ministerio público de aquel país, el expresidente Alejandro Toledo va a ser procesado penalmente por haber recibido un soborno de 20 millones de dólares. De acuerdo con el diario El Comercio, Toledo habría cometido por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. En caso de ser hallado culpable, recibiría una sentencia condenatoria de 15 años.
En la mira de la justicia peruana también están los también expresidentes Ollanta Humala y Alan García. La excandidata presidencial Keiko Fujimori y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, también serán citados a declarar.
Colombia no puede quedarse atrás. Sean cuales sean las consecuencias y caiga quien tenga que caer, la investigación por el escándalo Odebrecht debe adelantarse con celeridad para que los colombianos, antes de las elecciones de 2018, puedan conocer exactamente quienes, directa o indirectamente, resultaron beneficiados con dineros fruto de la corrupción.
Publicado: febrero 8 de 2017