Para contrarrestar los enormes riesgos a la vulneración de derechos, es necesario que el gobierno nacional fije reglas de funcionamiento.
Cerramos el año anterior, con los anuncios del alto comisionado para la paz, respecto de los tiempos de la ubicación de los desmovilizados de las Farc, en las llamadas Zonas Veredales Transitorias.
Inicialmente, se anunció que estarían los desmovilizados allí ubicados el 31 de diciembre pasado. Posteriormente, el plazo se trasladó para el pasado 10 de enero, lo que tampoco se cumplió. Presiento que estos plazos continuarán ajustándose sin poder dar unas fechas acordes a la realidad y a la relevancia del tema.
Es necesario que el gobierno nacional, acuda a un sistema claro y transparente y entregue a los colombianos un cronograma cierto, sobre el cual genere confianza y pueda rendir cuentas.
Se han mencionado las distintas complejidades para organizar los campamentos, como las distancias, las condiciones ambientales, el acceso a las comunicaciones, entre otros. Todos estos, aspectos usuales en el montaje de instalaciones y sobre todo, plenamente previsibles.
Lo que me llama la atención de la paradoja de los riesgos de la implementación, frente a los acuerdos logrados entre el gobierno con las Farc, es que el gobierno no sepa preparar la implementación, que aunque no es algo simple, lo enfrente a los riesgos de la improvisación y en consecuencia, a una profunda incertidumbre nacional e internacional de la veracidad del proceso.
De no contar con un adecuado y definido programa para cada zona, están dejando al vaivén de múltiples circunstancias, y expuestos en sus derechos, a muchos colombianos habitantes de estas zonas y de las zonas circunvecinas.
Veamos. Ya hay ubicados guerrilleros en zonas de pre agrupamiento, que son las zonas cercanas a los lugares donde se concentran los campamentos. Algunos de estos hombres se trasladan a diario para hacer parte de la mano de obra que trabaja en la construcción; en otros casos, vienen a construir personas de diferentes lugares del país. Y de esta manera, se inicia un proceso migratorio de distintas partes del Colombia a estas zonas.
Distintas personas ven la posibilidad de un empleo, o de poner un negocito para tener algún ingreso ante la difícil situación económica. Y detrás de ellos, vienen el microtráfico de droga, la explotación sexual de mujeres y niñas, junto con los riesgos de violencia sexual y abusos, como ya se denunció en la zona de Caño Indio, Tibú, en el Norte de Santander, donde una madre denunció ante el ICBF, el abuso sexual de su hija, menor de edad, al parecer, por parte de un militar.
Para contrarrestar los enormes riesgos a la vulneración de derechos, como consecuencia de todos estos procesos migratorios hacia las distintas Zonas Veredales, es necesario que el gobierno nacional fije reglas claras de funcionamiento y los organismos de las Naciones Unidas presentes, se encarguen de prevenir y alertar sobre las situaciones irregulares que se presenten, que puedan poner aún en mayor riesgo a las mujeres y los menores de edad, que habitan o se desplacen a estos lugares y evitar que sean explotados.
@ForerohElvira
Publicado: enero 16 de 2017