A esos propietarios de los derechos humanos les produce angustia cuando les recuerdo que el reclutamiento de niños no prescribe.
Ha venido haciendo carrera en Colombia una tesis peligrosa y que apunta a convencernos que en nuestro país hay un sector muy exclusivo dueño de la verdad absoluta y que quienes disentimos o no estamos de acuerdo somos algo así como la escoria mientras ellos son el oro.
Y ese monopolio de la verdad incluye una veda absoluta para que quienes tenemos la representación política de un amplísimo sector de la sociedad podamos adentrarnos a ciertos terrenos.
En mi caso particular, he sido objeto de toda suerte de insultos y vituperios por cuenta de haber asumido el liderazgo en la lucha por la recuperación de la libertad de los miles de niños que son víctimas de reclutamiento forzado por parte de la banda terrorista de las Farc y demás estructuras armadas ilegales.
Desde el mismo instante en que asumí la curul que el pueblo antioqueño me asignó para que lo representara, desde la Cámara de Representantes he evidenciado la tragedia que padecen más de 3 mil niños que en este momento están en poder de las Farc. Así mismo, he hecho público el dolor y la impotencia que embargan a las familias de esos pequeños. Por ser gentes humildes que habitan en rincones alejados de los grandes centros urbanos, sus voces no han sido escuchadas.
Resulta que “los dueños” de los derechos humanos se han indignado. Lo curioso es que se trata de personas que llevan 20 o más años dedicados a la politiquería con los derechos humanos sin hacer absolutamente nada para defender a los sectores vulnerables, más allá de pronunciar discursos, lanzar arengas y organizar paros y manifestaciones.
Yo prefiero la eficacia antes que la propaganda e intuyo que esa es la razón por la que tanta molestia ha generado la campaña que, en compañía de mi partido, hemos adelantado para lograr que los casos de reclutamiento forzado que han cometido los cabecillas de las Farc no sean escondidos ni silenciados. Deben ser visibilizados, denunciados y, por supuesto, castigados judicialmente.
A esos propietarios de los derechos humanos les produce angustia cuando les recuerdo que, por tratarse de un delito de lesa humanidad, el reclutamiento de niños no prescribe y si no es la justicia colombiana la que imponga el castigo, entonces será la justicia penal internacional la que lo haga.
Ahora bien, los derechos humanos no pueden tener distingo de ninguna clase. La intolerancia frente a un crimen de lesa humanidad debe ser absoluta, sin importar quién sea el perpetrador del mismo. No hay crímenes blancos y crímenes negros. Una masacre, un secuestro, un desplazamiento forzado son igual de graves, razón por la que su denuncia y castigo debe ser similar en todos los casos.
Pero resulta que esos gendarmes de la humanidad nos han querido vender la idea de que no es así. Alegan ellos que cuando hay una supuesta motivación política la gravedad del crimen se matiza. El que descuartiza a una persona por defender una idea es igual de salvaje que el que lo hace para quitarle sus bienes.
Una sociedad que estratifica a las víctimas y a los victimarios jamás será justa ni podrá vivir en paz y para evitar que eso siga sucediendo nosotros, desde el Centro Democrático continuaremos ejerciendo una defensa de los derechos de aquellos que no tienen voz y en mi caso particular de todos los niños que fueron sacados forzadamente de sus hogares para ser llevados a los campamentos del horror en los han sido sometidos a los peores vejámenes que pueden infringírsele a un ser humano. Lo seguiré haciendo así los mercaderes de los derechos humanos me colmen de improperios e insultos.
@MargaritaRepo
Publicado: 6 de enero de 2017