Al parecer este eslogan del Banco Agrario no quiere decir que haya más oportunidades para el campo, sino que los recursos del campo se están feriando entre otros sectores de la economía, como la gran ingeniería, que debería buscarlos en otras fuentes; y que además se están entregando alegremente, sin requisitos ni garantías y hasta con tasas preferenciales.
No me detengo en las denuncias del senador Robledo, Justicia Tributaria y el vicepresidente, que son gravísimas y deben ser investigadas. A raíz del préstamo a Navelena por parte del banco que maneja los recursos de fomento agropecuario, me escandalizo por la masiva transferencia desde el sector más necesitado de recursos de capital –el agropecuario– hacia multinacionales de ingeniería con posibilidades de inversión extranjera y, en este caso, con graves denuncias de corrupción. Me escandalizo porque mientras una mujer rural pobre paga tasas del DTF+7, incluyendo Fondo de Garantías, y un pequeño productor hasta DTF+9, a estos personajes los beneficiaron con DTF+2, la tasa extraordinaria para víctimas del conflicto. ¡Pobrecitos!.
En su informe de la vigencia 2015, el Banco saca pecho con $3,2 billones en desembolsos a la cadena agropecuaria, representados en 285 mil obligaciones, y con la financiación de 93 mil microempresarios por $332 mil millones. Pero cuando se refiere a las grandes empresas privadas, informa de desembolsos por $1,8 billones, pero omite el número de clientes, que no serán muchos, si solo a Navelena le entregaron ¡$120 mil millones!
No estoy en contra de que se les preste a los grandes empresarios rurales, pero me escandaliza que la plata del campo se desvíe a otros sectores, vaya uno a saber con qué intereses, si de Odebrecht se trata, mientras el Gobierno no tiene cómo financiar la Reforma Rural negociada con las Farc. Con $120 mil millones se habría podido apalancar en mejor forma a los 93 mil microempresarios o beneficiar a más de 33 mil adicionales. Con la misma plata se habría podido mejorar la cobertura a los pequeños y medianos productores –Banca Agropecuaria– a los que solo se les prestó $2,1 billones de los $3,2 destinados a toda la cadena.
En su comunicado oficial el Banco pretende que los colombianos somos estúpidos, al afirmar olímpicamente que “El Banco Agrario de Colombia no ha otorgado crédito alguno a la sociedad Odebrecht”, cuando todos sabemos que su filial colombiana es dueña del 87 % de Navelena, y que se encontraba en causal de disolución cuando le fue otorgado el préstamo, como lo informó la Supersociedades.
Los estados financieros en que la Superintendencia soportó su notificación eran los mismos que sustentaron el crédito, con activos por algo más de $25 mil millones, que no podían cubrir más de $29 mil millones en pasivos, a pesar de lo cual el Banco Agrario no tuvo problema en prestarle ¡$120 mil millones!, casi 5 veces más el valor de sus activos. Y como algunos servidores públicos piensan que la opinión pública es boba, el Banco declara que “para la aprobación del crédito se tuvo en cuenta la estructura financiera del proyecto”, como si el país no supiera que ese cierre financiero está más enredado que bulto de anzuelos.
Y a todas estas, si la responsabilidad fue de la junta directiva, ¿qué dice su presidente y responsable de la política agropecuaria a la que le quitaron recursos, el ministro del ramo y hoy precandidato Iragorri? ¿Qué dice el ministro de Hacienda, miembro de la junta y también precandidato? ¿Acaso no sabían lo que todo el país sabía?
Una vez más, como pregunté en mi anterior columna: ¿Y dónde estaba el contralor Maya?
Publicado: enero 25 de 2017