Con el respeto que profeso por las libertades individuales, interpretando que el componente social LGBTI es un asunto de interés público que vincula a muchas personas en Colombia y el mundo, y que desde el punto de vista de la necesidad de contribuir a la disminución del crecimiento poblacional y a su vez frenar el calentamiento global por la misma causa, creo que la sociedad mundial finca su defensa, y manifestando de forma reiterada que respeto esa libertad no procreativa; pero con estas previas advertencias, me refiero hoy a la necesidad de impedir que bajo el manto de temerarias acusaciones, se obstruya el destape de la corrupción que ronda en el Estado colombiano, promovida a partir de personas involucradas en esas relaciones.
Se sabe por ejemplo, que las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody son pareja y que la primera como ministra de Transporte, en una decisión amañada, adicionó el contrato de la construcción de la Ruta del Sol cuyo contratista es la firma Odebretch, por una suma cercana al billón de pesos, para que por fuera de la estructura presupuestal, financiera y del trazado de la vía, se construyera, un tamo no troncal, sino transversal entre Gamarra (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander) como valor agregado al proyecto portuario que la familia de Gina Parody adelanta en cuentas de participación en jurisdicción de Gamarra, puerto sobre el río Magdalena, al que llegará la carga por vía fluvial, para ser luego llevada a Venezuela por carretera. Sobre esas relaciones de poder entre parejas del mismo sexo, se rumora también la influencia que ejerció sobre el director de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) el secretario privado de la Presidencia de la República, Enrique Riveira de quien se dice es pareja del hermano de Gina, Manuel Parody.
De tiempo atrás, antes que muchas personas se salieran del closet, se decía que el poder de éstas en el Estado colombiano, era más grande que el de todo el Congreso de la República en pleno. Hoy lo estamos comprobando y mi reflexión apunta a invitar que en aras de la igualdad, los promotores de la consulta popular contra la corrupción, amplíen uno de los puntos de la consulta, para que sea obligación como requisito para posesionarse y ejercer un cargo público por nombramiento o por elección, publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y conflictos de interés del servidor y de su pareja.
Claro que extrañamente las promotoras de la consulta, las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, quienes son pareja, en representación y como voceras del Partico Verde, por estos días han guardado silencio sobre el caso de corrupción de las dos exministras gay. Por solidaridad de género o por lo que sea, ese silencio envía un mensaje negativo y le resta pulcritud a la convocatoria a consulta, pues ella debe tener un sentido erga omnes ya que su realización tendría fuerza vinculante.
Está demostrado que la corrupción ha tocado las puertas de muchos. De la izquierda, la derecha, el centro; hombres, mujeres e integrantes de la comunidad LGBTI y que con la salida del closet poco a poco se están sabiendo verdades y realidades que por años y tal vez siglos, estuvieron escondidas.
Publicado: enero 24 de 2017