Los lectores de esta columna saben perfectamente que estoy en completo desacuerdo con la forma como el gobierno Santos ha decidido evolucionar la agenda de “paz” en el país. Siempre he creído, y continuaré creyendo, que premiar el crimen sólo logra fomentar nuevas violencias. Mientras en el país celebramos que no haya habido ataques terroristas por parte de las Farc durante el fin de año, la sociedad leyó en la prensa el anuncio que entre Navidad y Año Nuevo en Colombia ocurrieron un centenar de asesinatos. Como siempre lo he dicho en esta columna, si no se castiga al autor intelectual del asesinato de miles de personas, a alias “Timochenko”, ¿con qué autoridad moral se castiga al asesino de un ciudadano durante una pelea de cuchillos en Noche Vieja? ¿Con que autoridad moral se castiga al ladrón de un carro en Bogotá?
El pragmatismo moral de muchos no da espacio para que Colombia avance en el camino del progreso y la legalidad. No es aceptable que tengamos una sociedad que pida el encarcelamiento de los hermanos del monstruo asesino Uribe Noguera por no haber llamado a la policía en el instante que encontraron al hermano desquiciado, pero que al mismo tiempo argumente que meter a la cárcel a alias “Timochenko” no “ayuda a la paz”, porque, entre otras, “la cárcel no rehabilita”. Pero nuevamente, para estos pragmáticos de la moral, toca darle la máxima pena de cárcel al monstruo Uribe Noguera y a su familia porque ellos no mataron en “nombre de la revolución” y porque los de esa familia “son ricos”.
Pero así como jamás me guardaré mis críticas a la agenda de “paz” de este gobierno, no voy a obviar felicitar al equipo del Ministerio de Hacienda por haber logrado la aprobación de una muy buena reforma tributaria. Para que quede muy clarito: Estoy completamente de acuerdo con la idea que los colombianos de a pie tienen que pagar más impuestos. Esa vaina de que la reforma es regresiva y va en contra de los “pobres” no es una crítica válida. Lo que iría en contra de los pobres es haberle dado cabida a una disminución de la calificación crediticia, algo que hubiera sucedido con 100% de seguridad si la reforma no hubiera sido aprobada.
Acá la realidad es que la participación de las personas naturales dentro del agregado de la tributación total en Colombia es bajísima, hecho que implica que las personas jurídicas, las empresas, tributan demasiado. Según las cifras oficiales, el 85% del recaudo de renta en Colombia viene de las empresas, y el 67% del recaudo total recae en 3,441 personas jurídicas (grandes contribuyentes). Las personas naturales en Colombia tributan solo un 0.8% del PIB, comparado con un 8.5% del PIB en promedio en la OECD. No se necesita ser un genio para entender que esta situación de inequidad en el pago de impuestos no es sostenible.
Al argumento preferido de amigos y enemigos de mi visión sobre la cosa fiscal en Colombia es que es injusto que los pobres paguen y los “ricos” no paguen, y, además, “para que pagar si se lo van a robar”. Dos cosas. Primero, el que evade impuestos es igual de deshonesto al que se roba la plata del erario, y dos, las empresas NO son los “ricos”. Las empresas son las entidades de la sociedad que les dan la posibilidad de comer a los pobres. Si Colombia se queda sin empresas, los pobres pasarán hambre. Por lo tanto, acá lo que toca hacer es consentir a las empresas obligando a los de a pie que paguen más impuestos. Se los pongo más crudo aún. Sin “ricos”, los pobres no comen ¿No me creen? Vayan a Caracas.
@AlbertoBernalLe
Publicado: enero 9 de 2017