Investigación de David Meza Pretelt
La gestión en materia de salud del actual gobierno ha sido nefasta, desde la presidencia, pasando por el ministro Alejandro Gaviria y el mercenario de la salud Norman Julio Muñoz, quien oficia como Superintendente. Han convertido el sistema de salud en una fuente de recursos para llevar a cabo presuntas maniobras financieras y clientelistas, sin tener ningún tipo de consideración con empleados y pacientes.
Estamos acostumbrados a los grandes titulares que muestran supuestos éxitos del actual gobierno que en realidad son vulgares montajes originados en un entramado de mentiras. La última perla con la que sorprendieron buscando tapar el sol con un dedo, fue la difusión engañosa de una noticia de la organización “International Living”, en la que Colombia aparecía entre los cuatro destinos con mejor sistema de salud en el mundo.
Esto con la complicidad de una gran cantidad de medios y periodistas sometidos al yugo de la extorsión a través de coimas y pauta estatal, quienes se afanaron en replicar la noticia con el objeto de hacer quedar bien al gobierno y mantener el flujo de mermelada.
Pero irresponsablemente dejaron de aclarar que ese tercer puesto que otorgó “International Living” a Colombia se trata de una calificación enfocada a extranjeros con poder adquisitivo medio o alto que se encuentren buscando un país en el que quieran vivir sus años de retiro y puedan pagar tarifas de planes como la medicina prepagada o acudir al pago de servicios de salud particulares, situación que gran mayoría de colombianos no puede costear por razones económicas.
Si bien es cierto que en Colombia hay centros médicos de alta calidad, como resalta la publicación, no son estos a los que normalmente tienen acceso los pacientes adscritos al Plan Obligatorio de Salud (POS). Aquellos se ven obligados a largas esperas en condiciones paupérrimas para recibir una atención extremadamente corta en materia de tiempo y que en muchos casos los devuelven a su casa con un Ibuprofeno, un Acetaminofén, o peor aún, con las manos vacías.
Por el deterioro acelerado en los servicios del POS, son cada vez más los colombianos que se ven obligados a adquirir planes de medicina prepagada, con cifras que ya superan el millón de usuarios. Pero el gobierno nacional, a través de su regresiva y perjudicial reforma tributaria promovida por Mauricio Cárdenas, no solamente aumentó el IVA al 19% para este tipo de servicios, sino que además medicamentos como los analgésicos que no se encontraban gravados, ahora tendrán IVA del 5%, convirtiendo al sector de la salud en el de mayor inflación según el DANE con una escandalosa cifra de 8,14%.
El Ministerio de Salud se ufana de los niveles de cobertura del 97,6% que hay dentro del actual sistema de salud, hecho que no sería posible sin la apertura a privados para la prestación del servicio que se dio a través de la Ley 100. Un proceso de expansión del sistema de salud en el que el gobierno actual no tuvo mayor participación, más allá de nocivas “expropiaciones” a través de la intervención de algunas Empresas Prestadoras de Salud (EPS).
El caso Cafesalud: La corrupción al extremo
En un desesperado afán por recaudar recursos que le permitan sostener su statu quo en los últimos meses de mandato, Juan Manuel Santos, a través de Norman Julio Muñoz, ha aprovechado la distracción mediática de la temporada vacacional y de fiestas para poner en jaque la salud y empleos de miles de colombianos.
Durante la primera semana de 2017, como si se tratara de un orquestado plan para llevar a cabo una presunta actividad ilegal en medio de gran sigilo, la agente liquidadora SaludCoop EPS, publicó el “Reglamento de Acreditación y Venta de los activos, pasivos y contratos de Cafesalud EPS y de las acciones de Estudios e Inversiones Médicas SA – ESIMED” bajo instrucciones de Norman Julio Muñoz.
El documento es presuntamente criminal, ya que presenta un deliberado propósito de defraudación a los acreedores de estas empresas, afectando además los derechos de los miles de trabajadores y millones de pacientes.
A través de diferentes derechos de petición presentados por sindicatos de médicos y empleados, quienes además han hecho múltiples denuncias ante otros medios de comunicación, se busca alertar sobre los peligros de esta maniobra que tiene como objeto la venta de Cafesalud a través de un cosmético cambio de aviso. Maniobra calcada de lo que se intentó hacer en un principio pasando SaludCoop a Cafesalud.
NewCo: el nuevo hijo de la corrupción
La nueva empresa a través de la que presuntamente el Gobierno Nacional buscará lucro a través de la salud fue denominada “NewCo” y en su misma fundación incurre en una ilegalidad, ya que va en contra del decreto 780 de 2016.
Norman Muñoz pretende a través de la venta incurrir en esta presunta ilegalidad, eligiendo a dedo los acreedores a los que se les van a cancelar las deudas a través de la nueva empresa, cuando la ley dictamina que en una reorganización empresarial que consista en la cesión de activos y pasivos, a la par del traslado de usuarios, deben pasar también todos los activos y pasivos.
Lo que pretende hacer el señor Muñoz se podría configurar en un atentado contra los derechos de los pacientes y empleados, ya que entre las deudas que no asumiría “NewCo”, están las indemnizaciones a los pacientes por errores médicos y fallas en la prestación del servicio, así como las deudas a trabajadores de la empresa.
Por otra parte, las deudas que reconoce y que en teoría serían cubiertas por la nueva entidad, serán diferidas a 60 meses. Como quien dice, quieren echarle la pelota al siguiente gobierno y entregarle una empresa doblemente quebrada con millonarias deudas, profundizando a su vez la crisis en el sistema de salud por la pérdida de millonarios recursos, que a través de estas dudosas maniobras se cree que fueron a parar a los bolsillos de políticos de la unidad nacional aliados al ministro Gaviria y Norman Muñoz.
El liquidador Pedro Mestre, notificó alrededor de 50 empleados en los últimos días de su despido, sin levantarles el fuero sindical y arbitrariamente a través de correos electrónicos, hecho que claramente contraría al Código Sustantivo del Trabajo.
La perla en todo esto, es la presencia del liquidador de Caprecom Felipe Negret Mosquera (reconocida cuota del Partido de la U y hermano del defensor del pueblo), como asesor del señor Mestre en todo el proceso de presunto atropello contra los derechos de los trabajadores. Replicando las medidas tomadas en Caprecom para acallar la voz de los sindicatos y poder disponer de los recursos de estas entidades de salud, para posiblemente continuar comprando conciencias y políticos a diestra y siniestra.
La ciudadanía sometida a la enfermedad y el dolor a través de este infame manejo del sistema de salud por parte del actual gobierno, está llamada a unirse a la resistencia civil activa, de ahí la pertinencia de la frase de Emiliano Zapata recordada por el presidente Álvaro Uribe Vélez en días recientes: “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”.
@DMezaPretelt
Publicado: enero 16 de 2017