Juan Manuel Santos se ha dedicado a graduar de actores políticos a los carteles del narcotráfico, lo hizo con las FARC y ahora pretende hacerlo con el Eln. Sin exigir la liberación de los niños reclutados en las filas guerrilleras, ni la entrega de los secuestrados, el gobierno Nacional ha hecho excesivas concesiones políticas, económicas y judiciales a las Farc.
Habría sido suficiente, para desmovilizarlas, darles impunidad para sus crímenes atroces, participación política sin representación popular y beneficios económicos a los desmovilizados. Pero como si fuera poco, el gobierno Santos está tramitando en el Congreso la creación de un tribunal de justicia a su medida (JEP), a donde tendrán que comparecer, como si se tratara de un tribunal revolucionario, quienes desde la legalidad los combatieron.
El mérito de las Farc ha sido la crueldad de su violencia. No han entregado las armas, no han terminado de concentrarse, no han contribuido con la verdad, pero ya obtuvieron amnistía e indulto, vocería en el congreso, partido político, garantía de no extradición y hasta el blanqueo de sus capitales.
Ahora, sin haber liberado a Odín Sánchez, ni a la maestra Rosalba Ariza, ni a Henry Pérez, ni a Edgar Torres, el gobierno Santos accedió a negociar con el Eln. Según la fundación País Libre, más de 40 personas fueron secuestradas el año pasado por esta guerrilla. Hace pocas semanas, asesinaron a un patrullero de la policía en el norte de Bogotá, arrojaron su cadáver cerca de una estación y detonaron artefactos explosivos cuando sus compañeros se acercaron al cuerpo.
Con Juan Manuel Santos, entre más terror y violencia, más concesiones hace el gobierno a los criminales. Estamos pagando el costo de premiar el terrorismo, no tienen incentivo para dejar de delinquir. El gobierno esta dispuesto a entregarlo y justificarlo todo en nombre de la paz.
El Eln no va aceptar tratamiento de guerrilla de segunda, van tras sus propias concesiones, no están dispuestos a acomodarse a lo pactado con las Farc, ni se someterán al tribunal que con ellos acordaron. Eln y Farc han delinquido en sociedad pero también han tenido fuertes enfrentamientos. Lo acordado por el gobierno y las Farc será un punto de partida.
El antecedente que está creando el gobierno Nacional, al acordar la creación de una para-estatalidad, al margen del orden jurídico y constitucional vigente, es un golpe a la institucionalidad del Estado de Derecho y del sistema democrático. Las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos, no se pueden crear tribunales de justicia a la medida de cada grupo delincuencial.
Si nuestras instituciones no sirven, si son ilegítimas o incapaces, debemos reformarlas, pero a través de un consenso democrático. El pacto entre políticos corruptos y criminales, desconociendo la voluntad del pueblo colombiano, es una medida violenta e insostenible, que a futuro tendrá que ser desconocida.
Publicado: enero 27 de 2017