Sobre el doctor Julio Andrés Sampedro existe la percepción de que un abogado riguroso y ponderado. La buena fama que se ha ganado se debe, en buena medida, enlos años en que se desempeñó como decano de la facultad de derecho de la universidad Javeriana.
Recientemente, el nombre del doctor Sampedro ha vuelto a sonar por cuenta de su designación, junto a su socio Juan David Riveros, como abogado de Juan Manuel Santos quien se apresta a denunciar al expresidente Uribe ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta calumnia e injuria. (Sobre este caso, puede leer “Los abogados de Santos”).
LOS IRREVERENTES intentaron absolver con los doctores Sampedro y Riveros un interrogante que resulta fundamental en esta historia: ¿Santos va a pagar los honorarios profesionales de sus abogados, o ellos prestarán sus servicios profesionales pro bono?
El doctor Sampedro no respondió las múltiples llamadas que se le hicieron, mientras que el doctor Riveros, con voz trémula se limitó a contestar que “por instrucciones superiores no puedo dar ningún tipo de información porque no estoy autorizado para hacerlo”.
Debe esclarecerse cómo van a pagarse los servicios profesionales de los abogados con los que Santos pretende amedrentar y silenciar al presidente Uribe, quien en las últimas semanas ha hecho gravísimas denuncias de corrupción que afectan al gobierno.
El doctor Sampedro, además de ser un buen abogado, se ha beneficiado con millonarios contratos asignados a dedo por el gobierno Santos. En efecto, el 21 de junio de 2013 se le concedió un contrato para “brindar el apoyo jurídico a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que emita una recomendación conjunta con otros expertos, para fortalecer la línea de defensa del Estado colombiano a fin de desarrollar las intervenciones procesales que a futuro se generen en el marco del proceso contencioso ‘Rodríguez Vera y otros-Palacio de Justicia’ que cursa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Por emitir ese concepto o recomendación, el abogado Sampedro recibió $43.090.000. Un mes después, el 26 de julio de aquel año Sampedro recibió otro contrato. Esta vez por $162.400.000 para que “asuma la representación judicial del Estado colombiano en el caso No. 10738 ‘Rodríguez Vera y otros-palacio de Justicia’ que se adelanta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Conjuez antiuribista
El abogado Julio Andrés Sampedro desde el año 2011 es conjuez de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y como tal actuó en el juicio que se adelantó contra los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio y el exsecretario general de la presidencia, Alberto Velásquez por la denominada “yidispolítica” quienes fueron procesados por ser coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer.
No se entiende porqué el doctor Sampedro Arrubla, quien es abiertamente antiuribista y fue beneficiario de dos millonarios contratos otorgados a dedo por el presidente Santos, no se declaró impedido cuando le correspondió condenar a los funcionarios uribistas a 80 meses –en los casos de Pretelt y Palacio- y 60 meses de prisión –en el caso de Velásquez-.
En 2013 cuando el doctor Sampedro recibió más de $200 millones de pesos del gobierno Santos, la investigación contra los exfuncionarios uribistas ya estaba en marcha en la Corte Suprema de Justicia. Para nadie es un secreto que el gobierno de Santos tenía interés en lograr que tanto Pretelt como Palacio y Velásquez fueran condenados.
En octubre de 2015, el Centro Democrático le envió una carta a la entonces fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch en la que le decía que “el gobierno colombiano, en alianza con el fiscal general de la nación [Eduardo Montealegre Lynett], su policía judicial y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia han desatado la más burda y cruel persecución contra nuestros dirigentes, tal como ha sido denunciado ante múltiples instancias internacionales como el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Ahora los doctores Sampedro y su socio de oficina Juan David Riveros tienen el mandato de denunciar en nombre de Santos al presidente Uribe y no confirman si van o no a cobrar honorarios por su labor. Si lo hacen pro bono, sería un gesto de cortesía con un presidente que le ha dado contratos a uno de ellos.
Lo importante es que en Colombia hasta el peor de los delincuentes goza del derecho a tener un abogado. En este caso, Santos será representado por Julio Andrés Sampedro quien es llamado como “el abogado del diablo”.
Publicado: enero 30 de 2017