La violencia contra la mujer, en esta época en que supuestamente la sociedad es más educada y civilizada, ha alcanzado niveles muy altos.
Los maltratos verbal, psicológico, económico y físico se han convertido en noticias que a diario leemos y vemos por televisión. Y lo más preocupante es que normalmente el directo responsable es alguien cercano al círculo más íntimo de las mujeres agredidas. Adicionalmente, por regla general, el agresor es un hombre con el título de padre, hermano, abuelo o pareja.
La reacción de la sociedad no es permanente. Es explosiva, de momentos. Se reacciona solamente cada vez que sucede un caso sonado en los medios de comunicación, como los de Rosa Elvira Cely o Yuliana Samboní, pero la efervescencia se acaba más rápido que la descrita enérgicamente en su momento por Acevedo y Gómez.
No seguir con la energía constante después de su discurso sumergió a Colombia en la denominada Patria Boba. Patria Boba que aún continúa y que persistirá mientras el presidente Juan Manuel Santos esté al frente.
La violencia contra la mujer debe ser rechazada de manera permanente por todos los géneros. Debe ser una constante en la educación diaria de los hogares colombianos, en las escuelas y universidades, en el trabajo, en todo lugar y a toda hora hasta que no exista una mujer más agredida ni un niño más maltratado.
La violencia contra las mujeres y los menores no se acaba por crear delitos, como el feminicidio, o agravando las penas. Por supuesto que el criminal debe ser duramente sancionado, pero la sociedad debe construir desde afuera del derecho penal las soluciones de fondo.
Sin embargo, una mirada a la lucha contra este flagelo desde lo legal implica un cambio de paradigma y de esquema. El derecho penal no puede seguir protegiendo a la mujer desde lo casuístico, esto es, reaccionado solo frente a cada caso sin políticas públicas destinadas a la erradicación de la violencia de género. Tampoco desde el relativismo, que solo busca criterios subjetivos, individuales y una mirada aislada del problema del delito contra la mujer.
El derecho penal debe afrontar la violencia contra mujeres y menores como resultado final de una política pública que las proteja y los proteja y no como fase inicial contra el agresor.
La condena de un criminal que agrede a una mujer o a una criatura indefensa debería ser cada vez más escasa si el Estado asume de manera constante y dedicada –como causa prioritaria– la erradicación de este tipo de conductas criminales de la sociedad.
Colombia ha reaccionado como siempre de manera formal contra este flagelo. Se creó el delito de feminicidio, se agravaron las penas, se eliminaron beneficios para agresores de menores y la Fiscalía General dedicó una unidad especial para investigar este tipo de violencia.
Todas las recomendaciones dadas de tiempo atrás por Naciones Unidas –especialmente las de Rashida Manjoo como relatora especial sobre la violencia contra le mujer– se han cumplido solo en el papel.
Pero, como siempre, Colombia no es capaz hasta ahora de pasar de la teoría a la práctica y ya es hora. Es hora de hacer efectivas esas herramientas que la ley proporciona: clases en todos los niveles educativos que creen conciencia sobre los males de la violencia contra la mujer y cómo no crear ambientes que la propicien.
Todo lo contrario: hay que enseñar que en las casas y en el interior de los hogares debe haber muestras de cariño, respeto y diálogo y nunca el uso de la violencia.
Por todo esto es que creo que más que la lucha contra la corrupción, la próxima campaña presidencial debe estar soportada en dos bases: el respeto por el erario y, sobre todo, el respeto por la mujer y los menores.
Si Colombia quiere paz, ésta no se va a lograr con la impunidad generada en La Habana. La paz se logrará evitando la corrupción y respetando al ser humano, al prójimo.
No puedo dejar de manifestar –a propósito de este artículo– que, como lo dije al inicio, la mayoría de maltratos provienen del hombre a la mujer.
Pero extraña y mucho que una mujer agreda a otra, a quien no conoce, de quien no sabe nada de su vida íntima y personal, y no pase nada. Más aún cuando tiene el poder de los micrófonos, poder que no es para todo el mundo, poder que no todos saben o sabemos manejar, poder que debe tener control y disciplina.
Cuando una mujer le dice a otra que es una puta, o cuando una persona de cualquier género le dice a otra puta para denigrar de ella, ha caído muy bajo. Mas cuando ese insulto proviene de una periodista merece que alguien la sancione, ya su empresa, ya su gremio. O, por qué no, un reconocimiento público de la agresora y un paso al costado.
Puta es una palabra denigrante. Así la considera la RAE, así la considera la humanidad. Todos hemos utilizado esa palabra. Pero, infortunadamente, solo cuando la oí en la boca de una reconocida presentadora, me di cuenta de lo ofensiva que puede resultar.
No importa el pasado sexual de alguien. Nada justifica la intromisión en lo más íntimo de cada ser humano. Todos lo hemos hecho y en lo personal ofrezco disculpas por solo entenderlo hasta ahora.
Melania Trump es una persona como cualquiera otra que por un corto tiempo va estar en la Casa Blanca, que se casó con una persona a la que ama, de la que se enamoró, que llego a Estados Unidos procedente de un país diferente y que vivió o vive su vida como le da la gana.
Si Melania Trump es una puta, pues yo también soy una puta y orgullosa de serlo y ningún ser humano, cualquiera sea su posición, su arte, profesión u oficio, tiene derecho a utilizar esa palabra para denigrar u ofender.
Publicado: enero 27 de 2017