Luis Guillermo Vélez ejerce presión para evitar que el Senado debata sobre el “hackergate”. ¿A qué le teme el gobierno?
Tapen tapen
Desde la Casa de Nariño se están moviendo rápidamente para evitar que los senadores del Centro Democrático que hacen parte de la comisión primera puedan llevar a cabo un debate sobre la participación del cuestionado almirante Echandía en la infiltración a la campaña presidencial uribista de 2014. (Puede leer “El hombre de los mandados”).
En efecto, los 4 senadores uribistas que hacen parte de esa comisión, citaron a Echandía para efectos de que dé las explicaciones que el país está demandando. Hasta ahora, el jefe de la inteligencia al servicio de Santos se ha escondido cobardemente y no le ha querido poner la cara al país.
Luis Guillermo Vélez, en acción
El secretario general de la presidencia y antiguo asesor de Interbolsa Luis Guillermo Vélez Cabrera, abusando del poder que ejerce la Casa de Nariño sobre el Congreso de la República, le envió una carta al secretario de la comisión primera, Guillermo León Giraldo, en la que le dice que dicho debate no puede llevarse a cabo porque “el control político sobre las actividades de inteligencia y contrainteligencia fue asignado por la ley estatutaria 1621 de 2013 a la comisión legal de seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia…”.
Desconocimiento del reglamento
Llama la atención que el secretario general de la Presidencia de la República no conozca el reglamento del Congreso de la República que, efectivamente, le concede la facultad a cualquier comisión del parlamento para llevar a cabo el debate que considere pertinente adelantar. Al leer el artículo 137 del reglamento –ley 5 de 1992- se encuentra que “cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica, para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo gravedad de juramento, sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante…”.
Unión de antiguas casas conservadoras
Con ocasión de la convención conservadora que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de Bogotá, las familias más tradicionales del conservatismo que durante muchos años estuvieron divididas, esta vez se unieron para fustigar a las actuales directivas del partido por su falta de coherencia y su carencia en materia doctrinaria.
Así, representantes de las familias Gómez, Valencia, Ospina y Alzate, lograron unirse después de tantos años para demandar el resurgir de la colectividad que en 1849 fundaron Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro.
Dura misiva
A través de una misiva firmada por más de 30 importantes dirigentes conservadores entre los que se encuentran Enrique Gómez Hurtado, Mariano Ospina Hernández, Ignacio Valencia, Hernán Beltz Peralta, Gilberto Alzate Ronga, Omar Yepes Alzate, Rafael Gómez Martínez, Rafael Nieto Navia y Ángela Ospina de Nicholls, entre otros, los conservadores lanzaron un manifiesto de 18 puntos en el que plantearon las “preocupaciones que nos embargan sobre hechos que a nuestro juicio ponen en riesgo la existencia misma del partido, que hoy padece la más grave de las crisis que los han afectado en 170 años…”.
Divorcio entre directivas y electores
Uno de los puntos que resaltan los firmantes del manifiesto es el del divorcio entre las directivas del conservatismo y los electores de la base. En criterio de ellos, “esa fractura es insostenible para cualquier estructura partidista en cualquier lugar del mundo y no hay duda de que, en nuestro caso, se ha convertido en dolorosa realidad. Los dos últimos certámenes electorales, la elección presidencial de 2014 y el plebiscito del 2 de octubre de 2016, tuvieron como característica este signo fatal: la dirigencia del partido fue desoída masivamente por nuestros copartidarios que adoptaron en las urnas una posición diametralmente alejada de las instrucciones impartidas por el Directorio Nacional y los congresistas del partido”.
@IrreverentesCol