El tema del desarme de las Farc genera suspicacia y profundiza la desconfianza que esa estructura delincuencial despierta en la sociedad colombiana, pues nunca nadie podrá saber realmente ni qué armas entregará la guerrilla ni mucho menos cuántas.
En el acuerdo le dan mucha importancia a la construcción de 3 monumentos que supuestamente se van a fabricar con el metal que resulte de la fundición del armamento entregado por la guerrilla, pero no se hace una sola mención a la transparencia del procedimiento. Es decir, los colombianos jamás sabrán si las Farc entregaron todas las armas que tiene en su poder o si, por el contrario, dejaron un porcentaje escondido en alguna de sus caletas.
La guerrilla, como es sabido, se concentrará en 23 zonas veredales y 8 campamentos regados a lo largo y ancho del país, específicamente en regiones donde ha ejercido presencia criminal a través de sus estructuras armadas.
Una vez los terroristas ingresen a la zona veredal, la Fuerza Pública no tendrá acceso a la misma y sólo se permitirá el ingreso de autoridades civiles y desarmadas a ciertos puntos de las áreas despejadas. En ningún caso, dichas autoridades podrán ingresar al área en que se encuentren los campamentos donde duerman los miembros de la guerrilla.
60 integrantes de las Farc estarán habilitados para recorrer toda la geografía nacional con el fin de hacer proselitismo a favor de la paz, antes de que culmine el proceso de desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil.
Causa mucha preocupación que el aspecto más delicado de la desarticulación de las Farc haya quedado por fuera del acuerdo: la desvinculación de los menores de edad que fueron reclutados forzosa y sistemáticamente por las Farc. No existe un protocolo definido para la liberación de esos niños que, a la luz de la justicia penal internacional, son esclavos.
Terroristas pensionados
Cientos de miles de colombianos que sobreviven gracias a la economía informal, no tienen acceso ni a la salud ni a una pensión digna. Mucho menos tienen un ingreso mensual garantizado, pues su sustento depende de lo que popularmente se conoce como “el rebusque”.
Los terroristas de las Farc, una vez entreguen sus armas, gozarán de prebendas económicas que cualquier colombiano trabajador que nunca ha transgredido el marco normativo añoraría recibir.
$8 millones de pesos como capital semilla para empezar un proyecto productivo. $2 millones de pesos como regalo por haber entregado las armas. Luego, el pago durante 24 meses del 90% del salario mínimo –que con subsidio de transporte asciende a $767.154 pesos-. Y en ese punto, hay un “mico” en el acuerdo sobre el que no se ha hecho claridad. Si pasados los 2 años el desmovilizado sigue estudiando o se encuentra desempleado, indefinidamente continuará recibiendo ayuda económica, lo que hace que, de facto, la totalidad de los integrantes de las Farc tengan garantizada una pensión por el resto de sus vidas, pensión que será pagada por los colombianos que fueron víctimas del accionar criminal de esa estructura terrorista.
Igualmente, el Estado asume la totalidad de los aportes por concepto de pensión y salud de los desmovilizados que de manera automática serán incorporados al sistema general de seguridad social en salud.
Otra responsabilidad que deberá ser asumida por los contribuyentes colombianos será la de pagar la educación básica, técnica o universitaria de todos y cada uno de los miembros de la guerrilla que entreguen sus armas. ¿A cuántos padres de familia colombianos el Estado les brinda dicha posibilidad? La respuesta es más que obvia.
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@IrreverentesCol