Una y otra vez pasa lo mismo. Las cárceles en Colombia son un chiste y hay un responsable directo: el Inpec. Una entidad inviable que hay que suprimir. Los escándalos son rutinarios, no sorprenden y obedecen a tema de fondo.

En efecto, las crisis de los centros penitencirios no son ni siquiera culpa de los Gobiernos de turno, sino consecuencia de un problema de fondo en la entidad que los administra. El Inpec, aunque parece increible, no tiene ningún margen de maniobra para controlar a sus funcionarios y mucho menos a los reclusos.

Completamente cooptado por más de 80 sindicatos armados que hacen y deshacen a su gusto, el personal directivo de esta entidad no tiene más opción que ceder ante las presiones de estas agrupaciones so pena de desatar una revuelta de proporciones inimagibales.

De hecho, no tiene sentido culpar al recién posesionado Ministro de Justicia por los excesos de la Picota. Este tipo de eventos, al igual que fugas de toda clase, se han presentado año tras año independientemente de la tendencia ideológica de la administración de turno. Pasó con Petro, Duque, Santos, Uribe, Pastrana y seguirá aconteciendo hasta que no se liquide la entidad.

Sobre todo, porque es imposible manejar a más de 1.200 funcionarios cobijados por fuero sindical. Un sin sentido que hace inoperantes las directrices y los reglamentos que se expiden desde el Ministerio. Ningún trabajador obedece cuando sabe que sin importar la gravedad de su conducta, es prácticamente imposible desvincularlo de la entidad.

Por eso, la solución no está en cambiar los directores del Inpec como fusibles cada vez que estalla un escándalo. Ello puede que calme la tempestad de manera momentanea, pero nada soluciona de fondo.  

El Inpec hay que acabarlo y, al mismo tiempo, es necesario reglamentar la actividad sindical en las entidades públicas. Por un lado, al igual que sucede con la Fuerza Pública, la institución encargada de administrar los centros de reclusión debería tener vetada la posibilidad de conformar sindicatos a su interior, razón por la que no es descabellada la idea de entregarle a la Policía esta labor.

Por otro lado, tiene que haber un límite al número de sindicatos que se pueden crear dentro de las entidades. Permitir la proliferación de este tipo de organizaciones no hace nada distinto a facilitar un constante mecanismo de extorsión al personal directivo que no se puede tolerar.

Aunque parece improbable, sería bastante positivo, por el bien del País, que el Gobierno respaldara la supresión de esta entidad. Algo que descartó adelantar la anterior administración, pero que se puso sobre la mesa durante la contienda electoral.

@LuisFerCruz12

Publicado: octubre 5 de 2022