Los enemigos del uribismo mienten cuando dicen que en el proceso de paz con las AUC no se desvincularon menores.
Para que un proceso de desmovilización sea efectivo, se requiere el cumplimiento de unas condiciones mínimas. Una de ellas la garantía de la no violencia mientras se desarrollan los diálogos, acompañado de una desvinculación inmediata, total y verificable de los niños víctimas de reclutamiento forzado como prerrequisito para que los miembros del grupo armado ilegal suscriptores del acuerdo final puedan ser acreedores del paquete de beneficios acordados durante la negociación.
Desde que comenzó el proceso de paz con las Farc, desde diversos sectores se exigió la liberación de los niños. Hace alrededor de 3 años, los voceros de la guerrilla empezaron a enviar mensajes contradictorios y muchos de ellos mentirosos sobre la desvinculación de los menores.
El primer anuncio fue hecho por Iván Márquez quien, con todo cinismo, aseguró a comienzos de 2015 que las Farc sólo tenían en total a 13 menores de 15 años.
El gobierno de Santos, que no exigió el cese definitivo de acciones violentas por parte de la guerrilla como condición para proseguir en los diálogos de La Habana, tampoco hizo ninguna exigencia respecto de la desvinculación de los menores de edad.
Cuando se adelantó el proceso de paz con las AUC, desde el comienzo de las conversaciones el gobierno demandó la desvinculación inmediata de menores que tenían en sus filas. Dicha exigencia se adelantó con el apoyo de la comisión exploratoria y de la iglesia católica.
Gracias a ello, 823 niños que estaban en las filas de los grupos paramilitares fueron entregados de manera directa al ICBF y pudieron retornar al seno de sus hogares.
El Estado no tenía la forma de saber cuántos niños había en las distintas estructuras que integraban a las AUC. Aquello no impidió que el alto comisionado para la paz del presidente Uribe, Luis Carlos Restrepo le exigiera a cada uno de los cabecillas de las autodefensas que como parte del cese de hostilidades decretado por ellos debía procederse a suspender el reclutamiento de menores y la entrega de aquellos que estuvieran en sus filas.
De los casi 900 niños desvinculados de las AUC, el 86% eran de sexo masculino y el 14% de sexo femenino.
La gran mayoría tenían entre 16 y 17 años, aunque se reportaron 9 casos de niños cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 13 años.
Los paramilitares reclutaron niños en todos los departamentos de Colombia en los que tenían presencia criminal. En Casanare se registraron 145 niños reclutados; 128 en Antioquia y 99 en el departamento del Meta, según un informe que sobre ese particular elaboró el ICBF.
Una de las grandes mentiras que se han dedicado a difundir los enemigos de Uribe apunta a afirmar que su gobierno “dio la orden de no desmovilizar” a los menores. Además de falaz, es un señalamiento que resulta absurdo pues cuando se hizo la ley de justicia y paz se estableció como requisito de elegibilidad la entrega de todos los menores. De hecho, la norma indica que un juez, a la hora de conceder los beneficios, previamente debe haber constatado que los niños pertenecientes a la estructura hayan sido efectivamente desvinculados.
Entonces, resulta contradictorio que el gobierno que impuso esa condición, paralelamente hubiera planificado una operación de encubrimiento, tal y como pretenden señalar de forma mentirosa y temeraria los opositores del uribismo.
Si alguna lección positiva dejó el proceso de paz con las AUC, fue el manejo serio que se le dio a la desvinculación de los menores de edad que integraban ese grupo ilegal. Desde el momento en que empezaron los diálogos se puso en marcha una estrategia coordinada para lograr que los niños fueran entregados al ICBF.
Cuando la cuestionada exfiscal Viviane Morales desató la persecución judicial contra el excomisionado Luis Carlos Restrepo, pretendió acusarlo por haber urdido un supuesto complot para que los paramilitares no entregaran los menores. El tinglado de la exfiscal morales, como en buena parte de los procesos contra el uribismo, estaba erigido sobre testigos falsos que con el paso del tiempo han ido poniendo en evidencia sus contradicciones y falacias.
Durante estos días los validadores de las Farc como el senador Iván Cepeda y la representante Ángela Robledo se han dado a la tarea de asegurar que durante el proceso de paz con las AUC no se desvincularon a los menores de edad. Lo de ellos es un evidente esfuerzo por alterar la verdad, por mentirle al país y, por supuesto, por irrespetar a esos 823 niños que fueron reclutados forzosamente por las AUC y que, por cuestiones politiqueras, sus derechos están siendo pisoteados por quienes se muestran ante el mundo –vaya contradicción- como altruistas defensores de los derechos de las víctimas.
Publicado: febrero 3 de 2017