Se estrenó mal la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez en su cargo como canciller, dignidad que ella venía pidiendo desde que comenzó el gobierno y que, después de muchas intrigas y presiones, logró obtener.
La cacareada visita al país de la denominada comisión interamericana de derechos humanos, CIDH no pudo resultar más mal.
Esa entidad, dependiente de la OEA, desde su creación ha tenido un claro sesgo de extrema izquierda. Argumentando la defensa de los derechos fundamentales, se ha inmiscuido en asuntos internos de Colombia de manera arbitraria.
No se entiende porqué razón la ahora canciller Ramírez extendió invitación a los cabecillas de la CIDH en medio de la grave crisis que vive el país por cuenta de las bandas terroristas -denominadas ‘primera línea’- que lidera el socialcomunista Gustavo Petro.
A la desdichada comisión, que es un antro cundido de activistas de la inmunda extrema izquierda latinoamericana, no le preocupa la realidad de lo que sucede en Colombia, tal y como se pudo evidenciar en el informe que fue emitido en las últimas horas.
Los delegados de la CIDH no le prestaron ninguna atención a la brutalidad de los vándalos petristas, llegando al extremo inaudito de justificar y respaldar los bloqueos criminales. También guardaron silencio respecto de los ataques contra la propiedad privada y nada dijeron sobre los casos de los policías despiadadamente asesinados, ni en los devastadores incendios que se continúan desatando en distintas ciudades de Colombia.
Valga recordar las indignantes imágenes de la visita de la CIDH al país. En uno de los lujosos salones del palacio de San Carlos, sede de la cancillería, se instalaron dos mesas, una frente a la otra. A un lado estaba la delegación de la malhadada comisión -presidida por una colombiana de ingrata recordación que en privado se refiere al terrorista Gustavo Petro como “mi presidente”- y al otro los miembros del gobierno y de la Fuerza Pública. No se trató de un encuentro, ni siquiera de una rendición de cuentas. Fue un juicio político en el que los jueces preguntaron lo que les vino en gana, exigiendo explicaciones y elevando quejas. El resultado era previsible: un espaldarazo a los violentos, concluyendo de manera absurda e inaceptable que los bloqueos terroristas son legítimos.
Miles de colombianos, con toda la razón, recibieron con indignación el pronunciamiento de la CIDH, razón por la que no está de más evaluar seriamente si es conveniente para los intereses nacionales que nuestro país continúe reconociendo la competencia de la comisión y de la Corte Interamericana con sede en Costa Rica. El debate está abierto y, seguramente, ese será un asunto neurálgico de la campaña presidencial que se avecina.
Publicado: julio 9 de 2021
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