A través de un auto de 96 páginas, el magistrado de la sala especial de primera instancia de la corte suprema de justicia, Ramiro Marín Vásquez, expuso las razones por las que impuso una condena de 78 meses -6 años y medio- de prisión al magistrado Jorge Pretelt Chaljub.
Pretelt, procesado por el caso de la tutela de Fidupetrol, ha asegurado a lo largo de los años que jamás solicitó el pago del soborno por el que fue procesado.
Los argumentos contenidos en el fallo condenatorio son francamente preocupantes. Contra el exmagistrado no hay una sola prueba que indique que él cometió el delito de concusión. El proceso en su contra se fundamenta en el testimonio contradictorio del corrupto abogado Víctor Pacheco, quien asegura que a las 12 del día del 18 de octubre de 2013, Pretelt le exigió el pago de $500 millones de pesos para lograr que una tutela presentada por él, en representación de Fidupetrol, fuera votada favorablemente en la Corte Constitucional.
Según Pacheco, Pretelt le planteó el soborno en su apartamento. Pero esa tesis se desploma como un castillo de naipes, dado que el 18 de octubre de 2013 al medio día, el exmagistrado salió de su oficina en el Palacio de Justicia directamente hacia el club El Nogal, donde él era el anfitrión de un evento social, en honor a dos colegas suyos.
A dicha recepción, asistieron más de 80 personas.
Al hacer un trazado de la ruta adoptada por el exmagistrado, el tiempo transcurrido entre la salida de su oficina hasta la llegada al Nogal, fue de 34 minutos. En ese tiempo, recorrió los 7.9 kilómetros que separan al Palacio de Justicia del club en cuestión.
De acuerdo con los registros de seguridad, el carro de Pretelt salió del sótano de la corte constitucional a las 11.41 de la mañana de aquel día. Así mismo, en la minuta del club El Nogal quedó la anotación de su ingreso a las 12.15.
De acuerdo con los estudios de movilidad en Bogotá, la velocidad promedio es de 19.3 kilómetros por hora. Aquello, arroja que Pretelt tuvo que haber gastado 29 minutos cubriendo el trayecto que realizó.
Entonces, resulta inverosímil que en 5 minutos, él hubiera tomado un desvío para ir a su casa, bajarse del carro, abordar el elevador, ingresar a la sala de su residencia, recibir a Víctor Pacheco, exigirle el soborno, volver a salir, bajar, reingresar a su carro y retomar la ruta hacia El Nogal.
Igualmente, en los libros de la seguridad del conjunto residencial en el que habita Jorge Pretelt, no hay registro ninguno de que el 18 de octubre de 2013, Víctor Pacheco haya ingresado a su apartamento.
Pacheco, en sus declaraciones contradictorias, aseguró hasta la saciedad que Pretelt le pidió los $500 millones en la sala de su casa, al medio día del 18 de octubre. Siempre se mantuvo en esa versión, pero hizo algunos cambios, en la medida en que su testimonio iba quedando sin fundamento.
Primero, dijo que un chofer del hotel Embassy Suites -Peter Nieto- lo había llevado hasta la casa de Pretelt. El individuo, ante la propia corte suprema de justicia, negó esa versión y, bajo gravedad de juramento, aseguró que jamás había conducido a Víctor Pacheco al edificio donde residen Pretelt y su familia.
Ante el desplome de su mentirosa coartada, Pacheco resolvió decir que quien lo había llevado era su hijo. Y en ese punto, quedó confirmado el sesgo y la falta de objetividad del magistrado que sustanció la condena contra Pretelt.
En efecto, Marín Velásquez en su valoración de los testimonios, resolvió darle plena credibilidad a la hipótesis -claramente falsa- de que Pacheco había llegado hasta donde Pretelt acompañado por su hijo.
Pero en el expediente, también está el testimonio de Manuel Pretelt, hijo del exmagistrado, quien aseguró que aquel 18 de septiembre, él estuvo en su casa hasta cerca de la 1 de la tarde y en ningún momento, se hicieron presentes ni su padre ni el abogado Víctor Pacheco.
De manera insólita, el magistrado Marín, sin hacer ninguna valoración de fondo, concluyó en la sentencia que el testimonio del hijo de Pretelt no era válido, habida cuenta de su condición, mientras que le otorgó plena credibilidad al del hijo de Pacheco quien claramente le mintió a la justicia, pues su decir apareció cuando quedó en evidencia que el abogado había mentido cuando dijo que se había desplazado en compañía del taxista del Embassy Suites.
Si la declaración del hijo de un procesado no es válida, menos lo debe ser la del vástago del único testigo de cargo.
Otro aspecto preocupante de la condena, tiene que ver con el hecho de que solo exista una prueba para enviar a un exmagistrado a la cárcel y que ésta sea un testimonio que resulta inverosímil. El expediente del caso Pretelt es muy abultado y recoge el testimonio de muchas personas, entre ellas el de sus compañeros en la corte constitucional. Todos ellos aseguraron que nunca recibieron presiones para que votaran a favor de los intereses de Fidupetrol y, mucho menos, que Pretelt les hubiera hecho algún comentario al respecto.
La tesis de que Pretelt le vendió su conciencia de magistrado a Fidupetrol, se desmorona cuando se hace una revisión sobre su proceder respecto de la tutela formulada por esa compañía. Su despacho realizó una ficha esquemática, solicitando que esa tutela no fuera seleccionada por la Corte Constitucional, recomendación que no fue adoptada por sus colegas. Y cuando llegó la hora de decidir sobre la misma, él votó en contra.
¿Cómo entender que una persona que fue sobornada, no haya votado a favor de la empresa que le pagó, o que no se hubiera acercado a sus colegas con el propósito de manipular el sentido de su voto? Y lo que resulta más concluyente: los directivos de Fidupetrol, sin excepción ninguna, declararon -también bajo gravedad de juramento- que Víctor Pacheco jamás les informó que Pretelt había hecho la exigencia de los $500 millones de pesos. Ante una situación tan delicada, lo obvio es que el abogado se lo hubiera informado a quienes lo contrataron. Y no lo hizo por una razón demoledora: porque aquel soborno solamente existió en la imaginación del corrupto Víctor Pacheco.
La condena en primera instancia contra el exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, sienta un precedente nefando y genera una incertidumbre demoledora contra todos los servidores públicos. En adelante, cualquier estafador, inventará que un funcionario que no atienda sus solicitudes, le ha demandado el pago de un soborno. No importará, como es el caso de Pretelt, que no haya pruebas y que el testimonio del denunciante esté cundido de mentiras, contradicciones e imprecisiones y que quien coadyuve su hipótesis sea su propio hijo. Si la sentencia del cuestionado magistrado Ramiro Alonso Marín Vásquez hace carrera, el desvalido funcionario señalado, terminará injustamente encarcelado.
Publicado: enero 15 de 2020
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