Con tono calmado, como si estuviera dando un reporte meteorológico, el magistrado santista de la corte Constitucional Alejandro Linares confesó que Santos y Cesar Gaviria efectivamente habían llamado a los magistrados con el fin de “comentar” la tutela que había presentado el presidente Uribe.
Es a todas luces evidente que los magistrados no fallaron en derecho y que su decisión fue motivada por razones ideológicas y políticas. Su propósito: perjudicar a Álvaro Uribe.
No hay un solo experto en derecho penal que comparta la decisión de la corte constitucional. Alejandro Linares, el ponente de dicho fallo de tutela, no es un jurista de grandes quilates. Su mérito se limita a su cercanía con Juan Manuel Santos quien lo nominó en el año 2015.
El senado de entonces, de mayorías santistas por cuenta de la ‘mermelada’ oficial eligió a Linares sobre las otras dos candidatas -de relleno- que integraban la terna: Magdalena Correa y Catalina Botero, ambas de la extrema izquierda.
Válido recordar el escándalo que se produjo con ocasión de la elección de Linares quien fue denunciado públicamente por haber contratado una firma de lobby para que le ayudara a agenciar su candidatura ante el senado de la República. Se trata de la empresa Urdaneta Vélez y asociados que se encargó de organizar citas con distintos parlamentarios.
Ese mismo lobby que le sirvió para su elección en la corte constitucional fue el mismo que se presentó en días pasados con ocasión de la tutela propuesta por el expresidente Uribe.
El odio de Santos hacia Uribe es ampliamente conocido. Para nadie es un secreto que él ha hecho hasta lo imposible por acabar a su antecesor, así sea a través de procesos judiciales amañados y estructurados sobre el decir de falsos testigos.
En todo el proceso contra Uribe, ha sido evidente la huella de Santos. El corrupto magistrado Cesar Augusto Reyes, quien ordenó la captura/secuestro de Uribe, fue un valido del gobierno santista. Cientos de millones de pesos fueron a parar a las arcas de Reyes gracias a jugosos contratos de prestación de servicios que le otorgó a dedo la presidencia de la República durante el mandato de Juan Manuel Santos.
De la noche a la mañana, quien fuera el fiscal general ternado por el gobierno anterior, apareció como supuesta víctima en el proceso contra el expresidente. ¿Uribe victimario de Montealegre? La situación es totalmente contraria. Desde la fiscalía general del peligroso abogado tolimense se urdieron demoledores complots contra el exmandatario, su familia y aliados políticos.
Montealegre y Perdomo fungieron como policías políticos al servicio de la causa santista. Ellos hicieron hasta la imposible para acabar con el uribismo. En las elecciones de 2014, fueron determinantes para que Santos pudiera robarse el resultado a través de la infiltración del supuesto hacker en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.
El reconocimiento hecho por Linares no es una anécdota ni un comentario suelto. Es de una gravedad absoluta que los magistrados de la corte constitucional hayan recibido llamadas de Santos, el principal enemigo de Uribe, para oír sus comentarios respecto de la tutela que estaban analizando.
La situación es demasiado preocupante y su magnitud alcanza a entreverse con los salvamentos de voto de dos de los 4 magistrados que votaron a favor de conceder la tutela. En efecto, en dichos salvamentos queda perfectamente claro que la Constitucional no obró en derecho y que los 5 magistrados -4 de Santos y una de las Farc- que negaron las pretensiones del expresidente pisotearon los principios elementales del derecho al emitir un voto sesgado que deja en evidencia que, indudablemente, el accionante -Uribe- es un ciudadano sin derechos; un perseguido político cuyos jueces reciben instrucciones de su principal enemigo, Juan Manuel Santos.
Publicado: noviembre 14 de 2021
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