Descubierta red que sobornaba funcionarios del ICBF para efectos de manipular procesos de custodia de menores. Estaría involucrada una exprocuradora.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la corrupción se tomó al Estado colombiano. Son pocas las entidades públicas que han sido ajenas a escándalos y saqueos.
El país se ha estremecido con las historias de políticos inescrupulosos que se tomaron por asalto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Resulta inaceptable que la entidad que tiene como misión la protección integral de los niños del país, sea utilizada como caja menor de la politiquería.
LOS IRREVERENTES conocieron una nueva investigación que se adelanta en la fiscalía general de la nación por cuenta de una información proveída desde la dirección del ICBF. Todo empezó por una denuncia que llegó al instituto que mencionaba la existencia de una red criminal encargada de sobornar a funcionarios del ICBF para efectos de que éstos ayudaran a direccionar los testimonios de los niños en los casos en los que jueces de la República deciden la custodia de ellos.
Este portal pudo confirmar con un funcionario del ICBF que una vez recibida la información, la fiscalía fue notificada, razón por la que se inició una investigación cuyos resultados se verán en los próximos días.
En efecto, una agente del CTI que conoce detalles del caso le aseguró a un periodista de LOS IRREVERENTES, que la investigación se realizó a través de “interceptaciones de llamadas, mensajes de texto, chats a través de Whatsapp y notas de voz. Ya tenemos identificados a casi todos los integrantes de esa red criminal”.
La banda operaba en Bogotá y una vez producida la primera denuncia, “comenzaron a llegar muchas más, las cuales han servido para que la fiscalía pueda determinar quiénes son los responsables”, asegura el funcionario del ICBF con el que habló este portal y que pidió de manera expresa que su nombre no sea revelado.
Se ha podido establecer que entre los investigados, se encuentra la exprocuradora delegada para la defensa del menor y de la familia, Ana Georgina Murillo Murillo, quien hoy en día ejerce como abogada de familia.
Gracias a las pesquisas adelantadas por la fiscalía, hay suficientes elementos que permiten creer que la doctora Murillo es la principal articuladora de la red encargada de sobornar funcionarios del ICBF para efectos de que manipularan a los niños que iban a ofrecer su testimonio en los procesos de custodia, con el propósito evidente de inducir a error a los jueces de familia.
La exprocuradora de familia, Ana Georgina Murillo Murillo
Los investigadores consideran que en este caso se incurrió en la comisión de un concurso de delitos, entre los que se encuentra el cohecho, fraude procesal, falso testimonio y concierto para delinquir. De ser condenados, los integrantes de esa estructura delictiva se enfrentan a una pena de alrededor de 17 años de prisión.
La abogada Georgina Murillo, que está en el centro de la investigación, ha sido denunciada en múltiples oportunidades ante la sala disciplinaria del consejo seccional de la judicatura por deslealtad en el ejercicio profesional. Una abogada que la conoce y que habló con este portal, asegura que “hay muchas quejas contra la doctora Murillo debido a sus costumbres poco ortodoxas a la hora de ejercer el derecho. La situación de ella es tan delicada, que algunos de sus clientes han presentado quejas en contra de ella”.
Paralelamente a la investigación, la preocupación del ICBF en este momento es la de determinar en cuáles procesos de custodia que ya fueron fallados por la justicia, la red descubierta intervino para desviar la acción de la justicia. El objetivo, tal y como pudieron establecer LOS IRREVERENTES, es el de tratar de reversar el efecto nefasto del accionar criminal que pudo desembocar en que la custodia de muchos niños maltratados, violentados u obligados a trabajar haya terminado en las manos equivocadas, como consecuencia de la actuación irregular de lo que en la fiscalía llaman el carrusel del ICBF.
Publicado: mayo 25 de 2017