La cada vez más impopular alcaldesa de Bogotá Claudia Nayibe López continúa desafiando a la ley colombiana, esta vez a través de la participación descarada en asuntos políticos.
López arrancó mal el año. Su agresiva respuesta a los inconformes con el nuevo ‘pico y placa’ sugiriéndoles que si no les gusta la medida bien pueden proceder a vender su carro le ha costado muy caro.
Los bogotanos están hasta la coronilla de la intemperancia y agresividad de una alcaldesa que se ha caracterizado por acudir a los insultos cuando se le enrostra su falta de capacidad administrativa.
No en vano, en las últimas horas y de manera espontánea, un grupo ciudadano empezó a recoger firmas con el fin de impulsar una revocatoria del mandato, imitando el exitoso antecedente de Medellín ciudad en la que próximamente tendrá lugar la convocatoria para que la ciudadanía exprese si quiere o no remover de su cargo a Daniel Quintero Calle.
Pero tal vez no sea necesario llegar hasta las urnas si la Procuraduría General de la Nación cumple con su deber y aplica a rajatabla la ley que incorpora el denominado código disciplinario único. Los servidores públicos no pueden interferir en asuntos políticos para efectos de garantizar la imparcialidad de la administración en los procesos electorales.
La prohibición de la participación en política está hondamente establecida en Colombia desde los tiempos del ‘Frente Nacional’ cuando se decidió que el servicio público, en aras de mantener la paz entre los partidos, estuviera al margen de las controversias electorales.
Flaco favor le hace a la transparencia electoral que determinado servidor público ponga al servicio de una causa política la entidad que tiene a su mando. Aquello desemboca en la malversación de fondos y en el constreñimiento de los empleados públicos que se verían forzados a votar por el partido político al que le hace fuerza el superior jerárquico.
Que Claudia López exprese odio hacia los ciudadanos uribistas no tiene porqué sorprender a nadie. Ella ha sido y seguirá siendo una persona que mimetiza sus resentimientos con expresiones venenosas contra quienes no piensen, actúen o tengan las preferencias sexuales suyas.
Pero en este momento ella no es una activista política ni una agitadora sino la alcaldesa de la capital de Colombia, ciudad que pasa por una de las peores crisis de su historia reciente. Inseguridad, desorden, destrucción de la malla vial, tragedia en la movilidad, colapso en el transporte público son algunos de los más graves problemas que aquejan a los capitalinos.
Desde el primer instante al frente de la administración distrital, se supo que Claudia Nayibe era incapaz de desenvolverse de manera eficaz.
A pocos meses de las votaciones para elegir al nuevo Congreso y al próximo presidente de la República, la alcaldesa abandonó sus obligaciones para meterse de lleno en la campaña. Como lo ha denunciado el candidato al senado por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, ella ha puesto a la “Alcaldía al servicio de la campaña de su esposa al senado…”.
Y lo que es aún peor: desató una brutal arremetida contra el uribismo al poner en su cuenta de Twitter mensajes claramente violatorios de la ley disciplinaria y con los que pretende tomar partido en las elecciones venideras: “El uribismo va solo hasta primera vuelta. Jajaja. ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia de engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada (sic). No esta vez. No más! #NoPasaran (sic) #ElCambioEsImparable”.
Continuó con su arremetida que va dirigida a millones de personas que militan y votan por el Centro Democrático diciendo: “Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019. #NoPasaran (sic) #ElCambioEsImparable”.
El estilo de gobierno de la López ha sido errático. Su equipo de gobierno es perfectamente incompetente. Basta darle una mirada al perfil de su gabinete para concluir que, con poquísimas excepciones, se trata de una colección de incompetentes e ineptos. Por ejemplo, el secretario de Seguridad, el politicastro santista Aníbal Fernández de Soto, un filipichín que ha sido incapaz de controlar a los violentos que tienen en jaque a buena parte de los más de 7 millones de personas que habitan en la ciudad.
La jurisdicción disciplinaria tiene la palabra, pero también los ciudadanos que tienen en sus manos la herramienta constitucional que les permite remover del cargo a la fracasada alcaldesa de Bogotá.
Publicado: enero 18 de 2021
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