Nadie puede ni respaldar ni aplaudir la brutal minga indígena que recurrió a las vías de hecho con unas consecuencias nefastas, como la muerte de miembros de la Fuerza Pública y el inadmisible bloqueo de la vía Panamericana, con las duras consecuencias que arrojaron aquellas acciones.
Los crímenes cometidos durante esa minga deben ser investigados y sus responsables castigados ejemplarmente. Pero lo cierto es que la responsabilidad del gobierno era la de buscar la manera de levantar el bloqueo de la carretera, hecho que estaba causando una hecatombe económica en el sur del país.
Es incontrovertible que ante presiones y desafíos violentos sólo es posible el uso de la fuerza legítima del Estado. Los indígenas ya demostraron durante la minga que no son una simple minoría étnica, sino una estructura antisocial, peligrosa, fuertemente armada, violenta y muy bien organizada.
El dilema no era sencillo. Esos facinerosos cuya brutalidad es manifiesta, cruzaron todas las fronteras de la cordura y, lo que es más grave, estaban dispuestos a llegar aún más lejos.
Se planteó y evaluó el desbloqueo de la Panamericana a través de la intervención de la Fuerza Pública, pero aquello, de acuerdo con las informaciones de inteligencia, habría podido desembocar en una gigantesca masacre, pues se contaba con información en el sentido de que los cabecillas de la minga habían dado la orden de abrir fuego en el mismo instante en que las fuerzas del orden procedieran al desbloqueo de la carretera.
El gobierno del presidente Duque nunca cerró la posibilidad de un entendimiento con esos delincuentes, pensando sobre todo en las víctimas del bloqueo, es decir aquellos empresarios, comerciantes y demás personas que resultaron gravemente afectadas por las acciones deleznables cometidas durante 26 días por los individuos que integran la minga.
El acuerdo al que llegó la ministra Nancy Patricia Gutiérrez en la noche del pasado 5 de abril, contempla inversiones por poco más de $823 mil millones de pesos en las regiones que los indígenas alegan han sufrido históricamente el abandono estatal.
Uno de los temas clave de ese acuerdo es que los recursos que serán destinados hacen parte de los que ya están incluidos en el plan nacional de desarrollo. Eso significa que no se utilizarán dineros adicionales para satisfacer el plan de inversiones pactado.
Los rubros más significativos del acuerdo son los de construcción de 4 mil viviendas y mejoramiento de 2 mil más, compromiso que le costará al Estado $232 mil millones. Así mismo, se invertirán casi $115 mil millones en salud y $117 mil en educación.
Habrá que esperar a que los integrantes de la minga cumplan a cabalidad su parte del acuerdo, empezando por el desbloqueo permanente de la vía Panamericana.
Pero la solución de fondo por supuesto que no está en ese acuerdo suscrito a finales de la semana pasada. Ahora corresponderá empezar a desmontar el riesgo que para la seguridad nacional implica la existencia de estructuras indígenas fuertemente armadas y con real capacidad de desestabilización.
El compromiso del gobierno Duque con la legalidad, es irrenunciable y eso incluye la persecución, sin miramiento ninguno, de todas las estructuras armadas ilegales que atenten contra el Estado de Derecho.
El epílogo de esta crisis deja un verdadero sabor agridulce. Por las gentes de bien que estaban sufriendo las consecuencias del salvajismo de los indígenas, era perentorio encontrar una solución expedita. No son pocos los empresarios que, en estos 26 días de bloqueo, quedaron prácticamente en la ruina.
Por eso, agrada saber que una de las decisiones inmediatas del presidente Duque, una vez cerrado el acuerdo con la minga, haya sido la de viajar al departamento del Cauca con el fin de reunirse con quienes padecieron los estragos de la irracionalidad de los indígenas. Ha trascendido que el gobierno tiene preparado un importante paquete de ayudas para mitigar el impacto del bloqueo que acaba de sufrir el sur de nuestro país.
Publicado: abril 8 de 2019
3.5