Hay quienes aseguran, sin mayores evidencias, que el gobierno de Iván Duque padece de atonía política. Los hechos, indican que ese diagnóstico es totalmente erróneo. Sin mayores aspavientos, el presidente de la República ha logrado sacar en el Congreso los proyectos de ley más importantes y procurado la elección de funcionarios de su absoluta confianza.
Hoy por hoy, todos los organismos de control y la fiscalía están en poder de funcionarios cercanos al presidente de la República.
Carlos Felipe Córdoba en la Contraloría, Margarita Cabello en enero asumirá la Procuraduría, Carlos Camargo es el Defensor del Pueblo y Francisco Barbosa, uno de los mejores amigos de Duque, es el fiscal general.
Así mismo, logrará que la mayoría de la Corte Constitucional sea de una tendencia contraria a la que entronizó Juan Manuel Santos. En los próximos días, el presidente presentará ante el senado de la República la terna de la que deberá elegirse al magistrado de la constitucional que hace falta para completar los 9.
Así, por lo menos 5 de ellos serán de una corriente filosófica similar.
Duque ha tenido que hacerle frente a la peor crisis de la historia reciente del país. La pandemia, además de afectar de manera gravea la salud pública -Colombia, como casi todas las naciones del planeta, no estaba preparada para atender a decenas de miles de pacientes que ha arrojado el Covid-19-, volvió pedazos a la economía. Millones de compatriotas, en cuestión de segundos perdieron sus empleos. Miles de empresas, que a comienzos de año eran prósperas, hoy se encuentran cerradas y con un futuro incierto.
El presidente de la República, hay que reconocerlo, ha atendido la situación con inteligencia y astucia. Los números de enfermos y fallecidos, no son halagüeños, pero eso no es responsabilidad suya. De hecho, si no se hubieran adoptado las decisiones que se registraron desde el mismo instante en que se confirmó el primer caso en el país, seguramente las cifras serían dramáticamente superiores.
Lo cierto es que la reactivación y la reapertura es irreversible. El año entrante será definitivo para el futuro del país.
Por eso, resultan inadmisibles los movimientos conspiratorios que están buscando el derrocamiento del presidente de la República. Al frente de esa campaña sucia se encuentran mafiosos, terroristas y políticos corruptos como Roy Barreras que está promoviendo la revocatoria del primer mandatario, algo que es inconstitucional.
Ahora, es cuando se hace más urgente y necesario rodear al gobierno, fortalecerlo y apoyarlo para evitar que en 2022 -o antes- la extrema izquierda, apoyada por el narcoterrorismo, se haga al control del país.
Publicado: noviembre 4 de 2020
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