El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debe reconsiderar el papel de su país frente al grupo terrorista Farc.
Bueno sería que el presidente Donald Trump estableciera una línea de diálogo permanente con la oposición colombiana como consecuencia del encuentro social propiciado por terceros que tuvo en días pasados con los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
El gobierno de los Estados Unidos debe tener acceso a todos los puntos de vista sobre el proceso Santos-Timochenko, fundamentalmente por aquellos aspectos en los que se ven afectados, de manera grave, los intereses de la nación norteamericana.
Tal y como quedó el acuerdo, los crímenes atroces que las Farc cometieron contra ciudadanos norteamericanos, quedarán en la más absoluta impunidad, como en su momento denunció en este portal el exsecuestrado Mark Gonsalves (Sobre la denuncia de Gonsalves, lo invitamos a leer “En el gobierno Obama tenían todo preparado para liberar a Simón Trinidad”).
Gonsalves y sus compañeros Keith Stansell y Thomas Howes estuvieron durante 5 años y 4 meses secuestrados en campos de concentración establecidos por las Farc en distintos puntos de la selva colombiana. En ese tiempo, fueron torturados física y psicológicamente. De acuerdo con el doloroso y estremecedor testimonio de Gonsalves, la terrorista holandesa perteneciente a las Farc, Tanja Nijmeijer fue la encargada de mantenerlo a él y a sus compañeros bajo amenaza permanente de muerte.
Desde comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, las Farc se convirtieron en un poderoso cartel del narcotráfico. Con la desaparición de los grandes capos de Medellín y Cali, los jefes guerrilleros quedaron convertidos en los más peligrosos y poderosos barones de la droga, responsables del trafico ilegal del 60% de las cocaína que se produce en Colombia. De acuerdo con un estudio publicado por el Wilson Center, las Farc reciben entre $2.4 mil y $3.5 mil millones de dólares anualmente por concepto de narcotráfico.
Como lo revelaron hace algunos meses LOS IRREVERENTES, la cúpula de esa guerrilla tiene cuentas pendientes con las autoridades judiciales norteamericanas, donde deben responder por los delitos de narcotráfico, secuestro y asesinato de ciudadanos norteamericanos. (Al respecto, puede leer “Los extraditables de las Farc”).
Con recompensas que oscilan entre los $2.5 y los $5 millones de dólares, jefes de la guerrilla como alias Timochenko, Iván Márquez, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Carlos Antonio Lozada y Andrés París, entre otros, son buscados por cortes federales de diferentes estados.
Aunque la anterior administración de Barak Obama intentó flexibilizar la situación, lo cierto es que, al margen de los beneficios judiciales –impunidad- que el gobierno de Santos les ha garantizado a los cabecillas de la banda terrorista de las Farc, para la justicia americana ellos seguirán siendo unos peligrosos criminales que ponen en grave riesgo la seguridad nacional estadounidense.
Desde octubre de 1997, las Farc están en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Aquello significa que en criterio del Departamento de Estado, ese grupo criminal tiene capacidad de adelantar acciones terroristas que atenten contra la seguridad de los Estados Unidos, de sus nacionales o de sus intereses comerciales y económicos.
Santos, reiteradamente le pidió a Barak Obama que retirara a las Farc de dicha lista, solicitud que afortunadamente no se satisfizo. Así mismo, se tramitó la excarcelación del terrorista alias Simón Trinidad, condenado a 60 años de prisión, a través de la figura del perdón presidencial. Gracias a la presión ejercida por los exsecuestrados Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, Obama se abstuvo de firmar la orden ejecutiva que abría la la puerta de la celda en la que Trinidad purga la justa condena que le fue impuesta, luego de ser hallado culpable por haber sido uno de los determinadores del secuestro de los 3 ciudadanos norteamericanos.
Mientras se llevaban a cabo los diálogos en La Habana, las Farc propiciaron el crecimiento exponencial de plantaciones de coca en Colombia. En 2010, cuando Santos llegó a la presidencia, nuestro país tenía, según la ONU, 42 mil hectáreas cultivadas. Ahora, de acuerdo con las cifras más optimistas, nuestro país tiene 188 mil hectáreas, lo que significa un crecimiento del 447%.
Buena parte de la producción de cocaína, a manos de las Farc, tiene como destino final las calles de los Estados Unidos. Es la sociedad norteamericana la que padece los rigores de la droga y tiene que asumir el costo económico, social y humano que genera la adicción a los estupefacientes.
El proceso de desmovilización de las Farc despierta más dudas que certezas. De acuerdo con lo que el exviceministro de Defensa del gobierno Santos, Rafael Guarín ha denunciado, genera muchas sospechas que las Farc estén escondiendo armas. En palabras del experto Guarín, “lo cierto, lo real, es que las FARC están incumpliendo y no se van a desarmar totalmente. Eso para no hablar de los misiles tierra-aire con los que contaban varias estructuras de esa organización. ¿Dónde están los SAM 7? ¿Cuántos son? ¿Los entregaron? ¿Los vendieron o los guardaron? No es posible que el Gobierno, las Farc y la ONU se queden callados sobre esas armas. Los ciudadanos necesitamos respuestas”. (Puede leer la entrevista completa con Rafael Guarín).
Son muchos los motivos por los que el gobierno de los Estados Unidos debe reconsiderar la posición adoptada por Obama frente al proceso entre Santos y la banda criminal Farc. La democracia colombiana ha sido entregada a un grupo terrorista con capacidad para desestabilizar no solo a nuestro país, sino a toda la región y poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Santos tiene que asumir las consecuencias de haber negociado el futuro y la estabilidad de Colombia con una estructura criminal como son las Farc y la primera consecuencia de aquello debe venir del nuevo gobierno de los Estados Unidos, que ha mostrado cero tolerancia con el terrorismo y con todos aquellos grupos de la misma naturaleza de las Farc que, de una u otra manera, son una amenaza para su país.
Publicado: abril 17 de 2017