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En la audiencia de preclusión a favor de Álvaro Uribe quedó esclarecido cómo se llevó a cabo la operación criminal de entrampamiento para manipular pruebas en contra del expresidente.

Es una burla a la sociedad que el grupo criminal ‘Primera Línea’ quiera constituirse en partido político. A esos delincuentes sólo les cabe la acción de la Fuerza Pública y de la justicia.

Merecida la paliza que el Senado le propinó al vulgar Gustavo Bolívar. Ya era hora de que fuera notificado del repudio que genera su estilo violento y criminal.

Mientras se esclarece el crimen del presidente Moïse, el gobierno, a través de su cancillería, tiene el deber de garantizar la vida e integridad de los individuos que están en manos de las corruptas fuerzas del orden haitianas.

Magistrado Reyes, que en su juventud era un temible pandillero en Duitama, busca ajustar cuentas contra el congresista Edward Rodríguez quien ha sido uno de los más comprometidos en la investigación contra el ‘Cartel de la Toga’.

Juan Manuel Galán, víctima del narcotráfico, pareciera estar dispuesto a favorecer a la mafia con su propuesta de legalización de todas las drogas.

Petro y Bolívar, irresponsablemente, buscan réditos políticos a través de la difusión de noticias falsas en relación con el brutal asesinato del joven Santiago Ochoa.

El gobierno tiene la facultad de suspender el pago de todos los profesores que sigan en paro o que no dicten clases presenciales. Esa sería una bella lección a los adoctrinadores de FECODE.

Si hay un “falso positivo” del que Uribe es culpable y por el que debe ser criticado, es el haberle abierto las puertas de su gobierno a un estafador político de la talla de Juan Manuel Santos.

A través de un comunicado, la comisión de la verdad toma partido a favor de los vándalos. Se abstienen de condenar los crímenes contra la Fuerza Pública y los atentados perpetrados por los manifestantes.

No estaría de más que el gobierno hiciera un alto en el camino y evaluara si es prudente o no continuar en la interlocución con ese comité petrista que promueve los bloqueos y el vandalismo.

Fecode acaba de elegir a Carlos Enrique Rivas Segura miembro de su dirección. En 1994, Rivas participó en el asalto a mano armada de la sucursal de la ‘Caja Agraria’ en Venadillo, donde fueron robados $280 millones de pesos.