La variación en el costo de las tarifas de energía eléctrica se convirtió en el principal dolor de cabeza de la costa. Los problemas estructurales del servicio han derivado en incrementos insostenibles para las 10.3 millones de personas que habitan la región y ameritan una respuesta urgente por parte del Estado. De lo contrario, este servicio público terminará disparando las ya preocupantes cifras de inflación que registra Colombia.
Y cabe señalar que no exagero al decir esto. Por ejemplo, mientras que a nivel nacional el cambio en el precio de la energía se acercó al 25%, en la costa esa cifra oscila entre el 40.4% y 50%. Prácticamente el doble. Algo que no tiene sentido.
Sobre todo, si se tiene en cuenta que, en promedio, los ingresos de los habitantes de la costa son un 36% inferior a la media nacional y casi la mitad de la población de esa zona se encuentra en condición de pobreza.
En otras palabras, los hogares más vulnerables están asumiendo los incrementos en la energía eléctrica más altos de todo el País. Y si somos sinceros, es imposible resistir el calor de la costa sin la ayuda de la electricidad. El aire acondicionado y los ventiladores no son un lujo veraniego del cual se puede disponer, sino una necesidad para tener condiciones de calidad de vida mínimas.
Por eso, una de las principales prioridades de la política energética del Gobierno debe ser esta. No como un tema de partido ni una discusión ideológica, sino como una aproximación de País donde el pragmatismo prime sobre cualquier otra consideración.
Y no es que hasta el momento no se haya hecho nada. Electricaribe salió del mercado y en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque se intentó solucionar la problemática, pero todo parece indicar que la fórmula aplicada no funcionó.
Hoy en día los cortes de electricidad no solamente persisten, sino que el bolsillo de las familias está más afectado que antes. Una realidad que se suma al alza inflacionaria por la que atraviesa el País y que, si no se soluciona a corto plazo, terminará castigando aún más este indicador en el norte de Colombia. Y recordemos que, en últimas, la inflación termina fungiendo como un impuesto adicional que castiga a los más pobres.
Un buen primer paso, aunque insuficiente, lo tomó la Ministra de Minas al anunciar una reducción de la tarifa de entre el 4% y el 8%. Para ciudades como Sincelejo, donde la variación ha sido del 40.7%, esta medida del Gobierno no tiene impacto real.
Ojalá, por el bien del País, que entre el Gobierno, la bancada costeña del Congreso y los operadores de energía logren encontrar una respuesta urgente a esta situación. De lo contrario, la paciencia y las finanzas de la gente pueden agotarse y lo que inició como un reclamo tarifario termine en una verdadera crisis social.
Publicado: octubre 17 de 2022
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