Un verdadero revuelo político ha causado la legítima y soberana decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, por intermedio de la Embajada, de cancelar las visas de varios magistrados y altos funcionarios de la rama judicial que evidentemente no comparten los valores republicanos de ese País.
En efecto, varios togados que se han puesto en el medio de la agenda de cooperación internacional de Estados Unidos y Colombia han sido sancionados tras sostener posturas que, evidentemente, ponen en riesgo la relación diplomática y comercial más solida que tiene el País.
¿Es esto un chantaje diplomático?
En lo absoluto. Cada País es libre de determinar qué personas pueden entrar a su territorio y quienes no. Además, es ilógico que Estados Unidos se quede quieto tras ciertas decisiones que privilegian al narcoterrorismo por encima de la severidad de su justicia.
Casos como el de Diana Fajardo, de quien las Farc sostuvieron que de no ser electa magistrada de la Corte Constitucional se levantarían de la mesa de negociación, son solo la punta del iceberg del amplio numero de funcionarios judiciales que se han puesto del lado incorrecto de la historia y que por vanidades, convicciones o intereses han puesto en riesgo la lucha contra los peores bandidos en la historia del País.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si la Corte Constitucional decide bloquear definitivamente el uso del glifosato en Colombia? ¿Cómo pretende esa corporación que se disminuyan las más de 200mil hectáreas de coca que Santos le dejó al País con su débil e inestable proceso de paz?
¿Qué mensaje se les da a las nuevas generaciones cuando la JEP parece más el defensor de oficio de las Farc al hacer cuanta maniobra dilatoria exista para impedir la extradición de sus miembros?
¿Va a sepultar la Corte Constitucional la extradición en Colombia por cuenta de un conveniente y erróneo conteo de los votos que realizó el Senado cuando no tomó decisión frente a las objeciones presidenciales?
Si las relaciones diplomáticas con Estados Unidos están atravesando por una inestable marea no es por culpa del Presidente ni de su Gobierno que está haciendo hasta lo imposible para fortalecer esa necesaria cooperación internacional, sino por cuenta de un grupito de magistrados que hacen quedar mal a la Rama y que han sometido al País a un escenario de incertidumbre política y económica por cuenta de unas posturas que alejadas del mundo del derecho parecen más discursos electorales.
La debilidad de la era Obama-Santos quedó en el pasado. Si los magistrados no quieren entender con argumentos y cifras la necesidad de tomar posturas fuertes contra el narcoterrorismo, bienvenido es que sea el garrote de la era Trump-Duque el que los llame a una necesaria reflexión por el bien de la Patria.
Publicado: mayo 15 de 2019
4