Es imposible mantener en alto la moral de la tropa cuando a los militares y policías se les niega el derecho a defenderse. Cada vez que sale algún escándalo en los medios de comunicación son ellos, los mismos que ponen el pecho en los combates, los primeros sacrificados para tratar de calmar la tempestad política. Esto es un error estructural que no puede seguir sucediendo.
En lo personal, no sé si los oficiales que fueron desvinculados a raíz del reportaje de Semana son culpables o no. No tengo los elementos para creer en su inocencia o señalar su responsabilidad. Sin embargo, lo que sí es claro es que los soldados y policías de la Patria no pueden seguir siendo los fusibles que se queman, sin darles la más mínima posibilidad de defenderse, cada vez que hay una acusación en un periódico.
Si las autoridades competentes determinan en el marco de un proceso que respete todas las garantías que los oficiales actuaron de manera indebida, debe haber la sanción correspondiente. De eso no queda la menor duda. En especial, porque estarían deshonrando a la institución. Pero juzgar premeditadamente a una persona por un reportaje periodístico no tiene presentación.
Ahora bien, con esto no digo que los periodistas no ejerzan una labor vital para la democracia. Todos sabemos que sin este oficio es prácticamente imposible controlar al poder. Sin embargo, los comunicadores no son jueces de la república. No están investidos de esa autoridad y no llevan a cabo diligencias que garanticen que el investigado pueda refutar las pruebas que hay en su contra.
Por eso, es que, por un lado, los escándalos que se expongan ante la opinión pública tienen que ser dirimidos por las autoridades respectivas y no por los micrófonos y, por otro lado, el Gobierno debería respetarle el derecho a la defensa a la Fuerza Pública.
De lo contrario, es prácticamente imposible generar confianza en la tropa. ¿Cómo se le pide a un soldado o policía que lleve a cabo una operación si es este quien va a terminar sacrificado a futuro si algo sale mal?… Sin una tropa moralizada es realmente ingenuo pretender que se logrará brindar seguridad a la población.
Dicho esto, es necesario hacer una claridad. Esta no es una problemática exclusiva de la actual administración. De hecho, es una conducta que Gobierno tras Gobierno se repite, dado que las leyes vigentes le dan la facultad al ejecutivo de remover discrecionalmente al personal de las Fuerzas Militares.
Ningún funcionario público, con excepción de los de libre nombramiento y remoción, puede ser desvinculado con tanta facilidad como los miembros de la Fuerza Pública. Con el simple hecho de dar la orden se acaba con toda una vida de servicio a la Patria, sin importar siquiera si el soldado o policía pudo exponer su versión de los hechos.
Con esto no estoy buscando impunidad para presuntos responsables o que cesen las investigaciones periodísticas. Simplemente, que se respete el derecho de defensa. Una garantía básica a la que todo ser humano tiene derecho, pero que en Colombia se vulnera a diario por el afán de agraciarse con las cabezas de los medios de comunicación.
Publicado: mayo 6 de 2020
3.5