Nadie sabe dónde demonios está el ministro de Defensa Iván Velásquez. Pareciera que el funcionario tuviera la única función de desatar purgas estalinistas en el seno de la Fuerza Pública y no la de liderar las políticas públicas para la defensa de la vida de los colombianos.

Para nadie es secreto que Petro puso a Velásquez con el propósito de perseguir con inclemencia a toda una generación de altos oficiales y entronizar, en su reemplazo, a un grupo de militares de baja calificación profesional y moral con un claro perfil político de extrema izquierda.

El hombre indicado es Velásquez, conocido de autos por su sucio proceder, por la manipulación de testigos y por la truculencia que guía todas sus actuaciones humanas.

Mientras el ministro cumple los deseos de su nominador, el crimen organizado hace de las suyas en el país. Se siente la falta de autoridad. Los militares y policías de Colombia están con las manos amarradas. No pueden, por instrucciones superiores, cumplir con su deber constitucional y legal.

No se sabe realmente cuántas personas han muerto en el Putumayo, departamento donde se libra una brutal guerra entre bandas criminales y narcotraficantes -entre ellas las Farc- que tienen en la mira a humildes campesinos. Algunas fuentes hablan de una treintena de cadáveres.

Los feroces combates de los grupos que pelean por quedarse con el control de los cultivos de coca y los laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, han obligado a que muchísimas familias abandonen sus hogares, dejando atrás sus poquísimas pertenencias.

Y de nuevo: ¿Dónde está el ministro de Defensa Nacional? ¿Por qué no le pone la cara al país para explicar cuál es el plan que tiene el gobierno para hacerle frente a la tragedia humanitaria que se vive en el sur de la geografía nacional?

Esas son las primeras consecuencias del discurso complaciente con el terrorismo y el narcotráfico que se le ha visto a Petro, un gobernante más preocupado por la suerte e intereses de los antisociales que por la seguridad de millones de personas honradas que, con impotencia, registran cómo el crimen organizado se está saliendo con la suya.

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Indepaz, una ONG de izquierda y muy cercana a Petro, ha dicho que este año han ocurrido 90 masacres y se ha asesinado a 169 líderes sociales.

¿Qué ha hecho el gobierno del “cambio” para evitar el descontrolado derramamiento de sangre en el país? Puros discursos y mensajes cariñosos a favor de los ilegales. Colombia no tiene una política de seguridad ciudadana. Las personas están abandonadas a su suerte, pues desde la presidencia se ha puesto en marcha una muy peligrosa estrategia de aceptación y tolerancia con los ilegales.

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 23 de 2022