En buena hora la Corte Constitucional tumbó el descarado derroche burocrático que pretendía hacer Claudia López en el POT que expidió por Decreto. Pasar de 20 a 33 localidades no tenía justificación técnica alguna y lo único que lograba era crear más puestos innecesarios a costas del presupuesto de todos los bogotanos.

Muchas fueron las perlas del POT de esta administración. Por ejemplo, el proyecto impedía la urbanización del noroccidente de la ciudad, con lo cual se mantenía intacta la altísima densidad poblacional de la capital y se seguía expulsando a las familias de menores recursos a los municipios aledaños tras el encarecimiento en el precio de la vivienda que genera este fenómeno.

Además, se expandía el fracasado bici-carril de la 7ma a las principales avenidas de la ciudad y se afectaba gravemente al sector vivienda al establecer un metraje mínimo en los proyectos VIS, lo cual impedía el cierre financiero de los mismos y obligaba a las constructoras a trasladar las obras a los municipios cercanos, situación que generaría una presión adicional a mediano plazo a las maltrechas vías de acceso como la Autopista Norte o la Calle 80. 

Como si esto fuera poco, una de las decisiones más inexplicables y costosas que traía el POT era la creación de 13 nuevas localidades. Algo completamente absurdo que no se preocupaba por solucionar el problema de base de la estructura administrativa de Bogotá, donde se fracciona el presupuesto de la ciudad para que cerca del 20% de los ingresos corrientes lo ejecuten las Alcaldías locales.

Y es que si somos realistas estas Alcaldías no sirven para nada, implican una duplicidad de funciones con las entidades del Distrito, constantemente están en el ojo del huracán por escándalos de corrupción y son sumamente costosas. Para poner un punto de referencia, en 2021 a la Alcaldía Local de Suba se le asignó un presupuesto de $183.771 millones, monto superior en $15.673 millones a la totalidad de los recursos que tendrá bajo su cargo el Ministerio de Justicia en 2022. 

Un sinsentido por donde se lo vea que desafortunadamente ha trascendido a todas las administraciones y que se mantiene gracias al oxígeno burocrático que les da a las estructuras políticas de la ciudad. Al fin y al cabo, cada localidad implica ediles, funcionarios, contratistas, arriendos, adquisición de bienes y servicios, etc.

Por eso, la indignación fue mayor cuando Claudia López de un plumazo, sin concertación y desconociendo las competencias del Concejo ordenó por Decreto la creación de 13 localidades. Afortunadamente, la Corte no acolitó esta chambonada y determinó que tal decisión solamente la puede tomar el Cabildo Distrital por medio de un Acuerdo.

Un nuevo golpe para una administración que no tiene norte, a la cual se le salió la ciudad de las manos y que lejos de luchar contra las alarmantes cifras de inseguridad que tienen atemorizados a los bogotanos, prefiere enfocar sus esfuerzos en sacar proyectos a las malas, pasando por encima del Concejo y satanizando a todo aquel que se atreva a cuestionar las decisiones de la Alcaldesa.

@LuisFerCruz12

Publicado: agosto 2 de 2022