Informe de David Meza Pretelt

Los pensionados de Colombia entrarán a hacer parte del largo listado de víctimas del actual gobierno, que ha venido atropellando diferentes sectores de la ciudadanía y hoy tiene al país sumido en una profunda crisis socioeconómica.

Esta vez se trata de la decisión tomada entre Santos y sus alfiles Mauricio Cárdenas y Alejandro Gaviria, que muy posiblemente hará que un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que busca reducir los aportes de seguridad social de los pensionados del 12% al 4%, sea objetado por la presidencia. La sanción u objeción presidencial es la última etapa que debe pasar un proyecto para convertirse en ley de la república.

A pesar que en el año 2013 durante su campaña a la reelección prometió a las organizaciones de trabajadores la reducción en aportes para los pensionados, hoy deja ver que fue simplemente una mentira para buscar sus votos, ya que se ha dedicado a través de los diferentes ministerios a torpedear el trámite del proyecto de Ley en cuestión, a través de conceptos negativos, recurriendo a precedentes jurídicos sacados del sombrero y la misma manida excusa que dio a los educadores del país cuando les dio a entender que “no hay plata”.

No obstante la resistencia del gobierno y muchos congresistas que operan como marionetas enmermeladas, siguiendo al pie de la letra lo que dicten desde el ejecutivo a través de sus conceptos. El proyecto logró sortear los cuatro debates que establece la Ley y se encuentra en este momento en etapa de conciliación.

Este proyecto beneficia a cerca de un millón de colombianos y sus familias que reciben su mesada pensional y dejan de percibir un 12% mensual por concepto de aportes parafiscales. En las difíciles condiciones socioeconómicas de los colombianos, recuperar el 8% de su mesada significaría un singular alivio.

Es una reclamación más que justa por parte de quienes tienen acceso a una pensión, ya que normalmente los aportes parafiscales se hacen en un 8% por parte del empleador y 4% de la responsabilidad recae en el empleado, por lo que es injusto que los pensionados se vean obligados a cubrir el 12%.

En el pasado, el gobierno había rechazando esta misma propuesta ante el legislativo durante el trámite de la reforma tributaria hacia finales de 2016, que dejó maltrechos a muchos sectores económicos. En aquella ocasión fue también Cárdenas el verdugo de los pensionados.

Otra manipulación santista

En la actualidad, haciendo gala de sus habilidades para manipular la información, áulicos del santismo como Mauricio Cárdenas y su viceministro, Andrés Escobar han tratado de satanizar a los pensionados difundiendo una equivocada idea de que sus beneficios son desmedidos y quejándose del hueco fiscal que esto implicaría para el sector salud. Un hueco que no pareció importarle al Gobierno cuando repartió entre su unidad nacional -a manera de mermelada- grandes entidades del sector como Caprecom y SaludCoop.

Tratar de encasillar a los pensionados como una clase privilegiada es una ofensa a esta población; que en la mayoría de los casos utiliza ese ingreso para mantener familias enteras y que además debe arreglárselas para estirar su mesada y cubrir los problemas de salud que comúnmente acompañan a la vejez.

En otros tiempos había entre los pensionados grandes privilegiados, pero en Colombia ya no existen las megapensiones, este fue un problema al que le puso fin en su momento el magistrado Jorge Pretelt, víctima de una de las mayores persecuciones políticas, ideológicas y personales por producir sentencias como la que dio fin a las pensiones millonarias y buscar poner límites de sensatez a unos acuerdos con las FARC llenos de gabelas para los victimarios, entre otros temas.

Con su sentencia limitando las pensiones millonarias, Pretelt le ha ahorrado al país entre de $50 y $75 mil millones anuales desde 2013, año en que entró en vigencia dicha jurisprudencia.

Colombia ha sido víctima de uno de los peores gobiernos de su historia en materia fiscal. No solamente dejó pasar una de las mayores bonanzas económicas, cuyos ingresos desaparecieron en un mar de corrupción en el que presuntamente se compran conciencias de medios y políticos a diestra y siniestra. El gobierno, además se ha visto directamente implicado en casos significativos de corrupción como Reficar, Navelena y Odebrecht.

Mientras se le hace conejo una vez más a la clase trabajadora, que solamente ha encontrado a través de la protesta social los medios para ser visibilizada, no se escatima en gastos y gabelas a los narcoterroristas de las Farc que se encuentran en una dulce luna de miel con el santismo desde que se sentaron a la mesa de negociación y para quienes habrá un régimen especial de salud, como si fuesen supraciudadanos.

La corrupción y voracidad financiera de la actual presidencia, que solamente a través de la repartija de puestos, contratos y dinero puede garantizar su gobernabilidad, debe ser la garantía de una gran negativa en las urnas por parte de los múltiples grupos de ciudadanos afectados, ante la continuidad del proyecto político santista en el siguiente gobierno.

@DMezaPretelt

Publicado: mayo 31 de 2017