En medio de las complejidades que ha suscitado el litigio con Nicaragua por San Andrés, es bastante positivo el balance del último fallo. Colombia no deberá indemnizar, podrá seguir patrullando la región para luchar contra el narcotráfico y no tendrá que reformar su Constitución para cambiar la forma en que se establecen los límites territoriales. Una decisión que, sinceramente, pocos se esperaban y que permite proteger la actividad económica del pueblo raizal que había quedado en un limbo jurídico desde la sentencia del 2012.
En efecto, Nicaragua argumentaba que Colombia había incumplido dicho fallo y, como tal, pretendía el cielo y la tierra. Quería que la Armada dejara de hacer presencia en la zona y que la Corte mantuviera la competencia del caso hasta que el País no modificara sus límites.
Afortunadamente, la Corte no accedió a ninguna de esas reclamaciones y aunque sostuvo que Colombia violó derechos soberanos en aguas que se le reconocen a Nicaragua desde 2012, no ordenó ningún pago por concepto de sanción o reparación.
Algo realmente favorable que se suma a dos temas claves. El primero, es el respeto del Tribunal a lo establecido por nuestra Constitución, la cual sostiene que los límites territoriales de la Nación solamente se definen a través de tratados limítrofes ratificados por el Congreso. El segundo, es que la Corte afirmó que los pescadores raizales tienen derecho a navegar aguas colombianas, que básicamente son 24 millas desde la costa, y las embarcaciones nicaragüenses no lo pueden impedir, lo cual salvaguarda la fuente de sustento de miles de familias de la región que dependen de la pesca artesanal.
Y claro, todos quisiéramos que la sentencia de 2012 no existiera y que desde el comienzo se hubiera reconocido al meridiano 82 como límite territorial con base en el Tratado Esguerra-Bárcenas. Sin embargo, dadas las difíciles circunstancias jurídicas de los últimos años no nos podemos quejar con la decisión de esta semana.
En general, muchos temas nos separan, pero afortunadamente San Andrés se ha manejado como un asunto de Estado. Sin importar si el Presidente es Pastrana, Uribe, Santos o Duque, Colombia ha mantenido una posición uniforme y es completamente necesario que siga así durante los próximos años.
Sobre todo, para proteger al pueblo raizal de San Andrés. Ellos deben ser la prioridad del Gobierno Nacional y toda administración, independientemente de su postura ideológica o partidista, tiene que velar por sus intereses ante cualquier escenario internacional y no ceder ante las presiones de la dictadura de Ortega.
Publicado: abril 24 de 2022
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