Corte Constitucional dirá si lo que Santos pretende que apruebe el Congreso viola o no la voluntad sobre Acuerdo Final.
Hay un dispositivo en internet que permite comparar los textos del Acuerdo Final que el pueblo rechazó el pasado dos de octubre y la nueva versión del mismo que publicó el gobierno la semana pasada.
Pulsando el siguiente enlace, los lectores podrán apreciar si el segundo texto introduce modificaciones sustanciales al primero o si los cambios fueron meramente cosméticos. (Ver Comparación acuerdos)
Coinciden casi todos los que dialogaron con voceros del gobierno para tratar de obtener consensos que facilitaran un gran acuerdo nacional para el logro de la paz en que, desde el punto de vista cualitativo, los dos textos son prácticamente idénticos, así el gobierno y sus adláteres digan que hubo modificaciones cuantitativas que el contenido del acuerdo inicial con miras a satisfacer las glosas de los partidarios del NO.
Como con el nuevo texto se hace imposible el gran acuerdo nacional, Santos acaba de anunciar que no lo someterá a un nuevo plebiscito, sino que lo presentará al Congreso para que este lo apruebe y lo implemente, contando con que todavía lo controla a través de la fatídica y deshonrosa mermelada.
Pero esta solución ofrece serias dificultades tanto de orden político como jurídico.
A primera vista, lo que se advierte es el afán de Santos de entenderse con las Farc y no con los más de seis millones de colombianos que votaron NO en el plebiscito, ni con el 65% que se abstuvieron de votar. Es de presumir que el nuevo texto satisfaga a aquellas, pero resulta sumamente dudoso que sea admisible para la inmensa mayoría de ciudadanos que votaron NO o se abstuvieron. Por consiguiente, no es un acuerdo de paz que involucre a las comunidades, sino que pretende imponérseles a través de un congreso tanto o más desprestigiado que el gobierno mismo.
Un agudo y ponderado analista de la política nacional ha señalado que el NO se soporta en tres tres pilares básicos:
-El rechazo del pueblo a las Farc, por las crueles depredaciones a que han sometido a lo largo de más de medio siglo a las comunidades.
-El rechazo a Juan Manuel Santos, por su mal gobierno y la mala calaña de que ha hecho gala como presidente de Colombia.
-Los defectos inherentes al Acuerdo Final.
Como este se votó en bloque, no sabemos exactamente cuáles de sus textos eran del todo inadmisibles para los votantes y cuáles podrían aceptarse por ellos haciéndoles ajustes adecuados. Entonces hay que partir de la base de que la ciudadanía rechazó todo el acuerdo y no detalles puntuales del mismo. por lo tanto, votó en contra de su estructura misma, la cual se mantiene incólume en el nuevo documento.
Los motivos de rechazo del primer acuerdo que se mantienen respecto del segundo son muy variados. Los que nos tomamos el trabajo de estudiarlo hacemos hincapié en algunos que no probablemente, por su carácter técnico, no fueron asimilados por el gran público y se conservan todavía en el nuevo texto.
Los motivos del gran público, si se examinan las encuestas que se han realizado en estos últimos años, versan ante todo con dos temas que tampoco el segundo texto resuelve satisfactoriamente: la impunidad de los capos de las Farc por los gravísimos delitos que han cometido y su elegibilidad para cargos de representación popular.
Pero estos dos temas son precisamente los que demarcan lo que podríamos denominar las líneas rojas que han fijado esos capos, que han dicho una y otra vez que no pagarán ni un solo día de cárcel, y que no tendría sentido desmovilizarse y entregar sus armas si no se les permitiera llegar a los cuerpos colegiados de incluso a la Presidencia de la República.
Si hoy se hiciera una encuesta entre los colombianos, probablemente el 70% o más respondería como han venido haciéndolo desde hace tiempos, que no quieren la impunibidad de los capos de las Farc ni verlos gobernando a Colombia.
Debo confesar que para mí estos dos puntos podrían resolverse satisfactoriamente con algo de buena voluntad, pero aún superándolos quedarían otros de extrema gravedad que hacen que el nuevo texto sea pernicioso a más no poder para la suerte futura de nuestras instituciones.
Sigo pensando que el nuevo texto no promete la ansiada paz, sino que tal vez podría ser fuente de nuevas y más agudas confrontaciones capaces de hacer invivible la República.
A estas dificultades políticas se añaden otras de carácter jurídico no menos delicadas.
Todo parece dar a entender que Santos no ha asimilado los efectos jurídicos del triunfo del NO en el plebiscito ni lo que al respecto consideró la Cocon rte Constitucional al fallar sobre la Ley Estatutaria que permitió celebrarlo. Es tema al que me referí en detalle hace algunas semanas en trono de lo que considero que es la responsabilidad histórica de Santos en estos momentos cruciales para Colombia. (Ver columna La responsabilidad histórica de Juan Manuel Santos).
Es la Corte Constitucional la que en últimas dirá si lo que Santos pretende ahora que apruebe el Congreso viola o no la voluntad que soberanamente se manifestó el dos de octubre pasado sobre el Acuerdo Final con las Farc. Y este debate abrirá el escenario de ásperas discusiones que agriarán aún más un ambiente que ya está sumamente agitado con las denuncias sobre el debate electoral de 2014 y el descrédito internacional que representa la decisión favorable a Andrés Felipe Arias que adoptó un juez norteamericano en en esta semana.
¿Qué sucedería, además, si se demandase ant el Consejo de Estado la nulidad del nuevo acuerdo por ser este contrario a la Constitución Política?
Santos podrá presentarse a recibir el Premio Nobel exhibiendo tal vez una paz formal, mas no la real y efectiva que la sociedad colombiana requiere.