El marco en el que se desarrolla el debate democrático en Colombia desde la constitución de 1991 ha tenido una sola reforma (2005), se creó el umbral para fortalecer los partidos y evitar que cada político tuviera el suyo. Digo reforma porque fue de fondo, hubo otras modificaciones como las más recientes que incluyen (a falta de aprobación por la corte) listas paritarias entre hombres y mujeres, financiación de campañas por medios digitales y dientes para que el CNE haga auditoría a las encuestas previo a que sean publicadas, son cambios pero no estructurales, por eso una cosa es un cambio, otra una reforma y otra una revolución.

Si no hacemos una reforma de fondo, puede haber una revolución en las calles que busque sustituir la democracia representativa por la participativa, sin importar que ambos mecanismos estén consagrados en la carta magna. Este tema que parece tan alejado de la opinión pública, del cual se ha cacareado hasta el cansancio y cuyo consenso parece tan lejano, es fundamental para curar a la democracia de los vicios electoreros.

Hay cinco maneras de llegar al poder en Colombia, la primera es la famosa compra de votos, pasando por encima del tope electoral permitido por la ley, hay candidatos que gastan entre 5 y 20 veces el monto establecido, en los pasillos oscuros de la política se estima que en el 2022 se necesitan entre 10 y 25 mil millones de pesos (el tope es de 1 mil millones) para salir elegidos al senado, depende del paciente y de la región, como dijo algún vez un dirigente político “sin manteca, no hay fritanga”.

En segundo lugar están los amigos del gobierno, puestos, contratos y prebendas, con nóminas de hasta mil personas y sus familias votando, muchos congresistas tienen aceitada la famosa base electoral y su orden jerárquico dentro del partido (no es necesariamente reprochable, hay que reglamentarlo).

En tercer lugar los amigos de los medios, con una exposición incalculable monetariamente y poco democrática están despachados, difusión todo el día. A esto se le suman las redes sociales que favorecen los candidatos más polémicos, irreverentes y ridículos, en el afán de likes y seguidores le hacen un gran daño a la democracia, politiquería pura y dura. La cuarta manera es haciendo fila durante años en los partidos y siendo cómplices de los jefes. Por último, con mucho trabajo, sacrificio, preparación, disciplina y cumplimiento de la ley. Adivinaron, la última es la más difícil.

Ahora, tampoco se trata de satanizar el ejercicio de la política, aunque los políticos administren el poder y el poder corrompa, una democracia con instituciones fuertes y una sociedad formada pueden hacer contrapeso a estos vicios inherentes al proceso electoral. Si tanto odiamos a los políticos como dicen las encuestas (11% de aprobación, cercano a FARC), las reelecciones serian menos comunes.

Los políticos son la reproducción de los comportamientos de los ciudadanos, si el sistema se diseña para que así funcione la política, ellos lo harán o alguien más los reemplazará. Una cosa es ser político de opinión en Bogotá y otra es ser un trabajador político de Chía a la periferia, se requiere de mucha disciplina, paciencia, inteligencia y organización para hacer una campaña exitosa.

Por lo anterior propongo llevar la discusión de una posible reforma en cinco dimensiones: i) voto preferente, ii) reelecciones iii) financiación de campañas políticas, iv) acceso a medios de comunicación y v) representación política.

El voto preferente individualiza las campañas y convierten al político en esclavo del ejecutivo de turno, en vez de estar concentrado en el estudio y la defensa de sus posiciones, se vuelve un patinador entre el gobierno nacional y la comunidad. No se trata de quitarle responsabilidad al elegido con sus electores (para eso hay que fortalecer mecanismos como la rendición de cuentas y los consejos comunitarios o regionales), pero sí de desligar el voto a cambio del favor del poderoso. Para que esto sea realidad, hay que cerrar las listas y que la gente vote por los partidos y no por los individuos, un voto que sea ideológico. Las listas de los partidos se definirían por proceso democráticos dentro de los mismos, pero a la final no les quedara otra que elegir a los mejores lideres si quieren competir en discurso con otros partidos, así, los poderosos perderán peso a menos que demuestren su capacidad.

Las reelecciones son el referendo del trabajo realizado por un servidor público de elección popular, en muchos países la reelección es ilimitada en el congreso y restringida en la presidencia, sin hablar de los regímenes parlamentarios. El caso de Colombia es el anteriormente descrito, se le han querido quitar trabas a los requisitos para aspirar a cargos de elección popular, mientras por el otro lado se quiere limitar la reelección diciendo que es una oportunidad para acabar con la politiquería.

Difiero de esa visión, no voy a proponer como Hayek que nadie menor de 45 años y sin patrimonio debería poder ser parte del congreso, eso sería antidemocrático, pero la renovación de los partidos se debe dar dentro de mecanismos democráticos establecidos por ellos mismos, pues de su correcta renovación y conciliación con la trayectoria, depende su supervivencia. Pondría un máximo de 20 años por corporación para no anquilosar el poder. Si vamos a jugar a la democracia que sea de verdad. Reviviría la reelección presidencial por un periodo y la posibilidad de que expresidentes puedan volver a aspirar en periodos que no sean inmediatamente posteriores, una manera de fortalecer las instituciones es premiar la experiencia.

En materia de financiación de campañas o todos en la cama o todos en el piso. La primera opción es financiación estatal de campañas, cada partido recibe lo mismo y de acuerdo con su organización, capacidad de trabajo y la acogida de sus ideas, obtiene determinado resultado, así acabamos con la reposición de votos, la financiación ilegal de campañas, la compra de votos que es igual de mala con plata del narcotráfico que con plata de la venta de pollitos, e incluso abrimos la puerta a una discusión de fondo sobre salarios y prestaciones de los congresistas. Sin el gasto de campaña, puede pensarse en una reducción del 30 o 40% de sus privilegios, entendiendo que se quiere atraer capital humano capacitado y que el mayor privilegio es servirle a la patria, un salario de 20 salarios mínimos parece razonable, habría que hacer el debate técnico.

La segunda opción es libertad de financiación y reglamentación del cabildeo (lobby), volverlo una subasta y que sea la lucha de los ricos y poderosos contra los populistas, sería el peor de los mundos, pero por lo menos más honesto que el sistema actual. Otra alternativa son los vouchers electorales, a cada ciudadano se le da un voucher por un monto determinado y este lo utiliza para financiar y apoyar al partido de su preferencia, esto ya ocurre en otros países, pero con las necesidades sociales que aún tenemos en Colombia, esta alternativa no es viable.

El acceso a los medios de comunicación debe ser igualitario para todos los partidos, aunque esto se da en espacios oficiales, hay que reglamentarlo para que sea realmente justo, muchos periodistas promocionan a sus amigos en detrimento de otras voces, no se trata de ir en contra de la libertad de prensa pero si de abrirle espacios más equitativos a los partidos. En cuanto a las redes sociales, se espera que una sociedad formada pueda regular el actuar de los políticos, esto todavía se ve muy lejano y requiere de grandes esfuerzos en educación, se podría solicitar una mejor advertencia por parte de estas aplicaciones a quienes utilizan de noticias falsas en general y en especial a los partidos y los políticos que lo hagan.

Por último, se tiene que reglamentar la participación política de los partidos, si bien estamos en un sistema presidencialista, se debe sincerar con la ciudadanía el reparto burocrático, en el cual deben primar los requerimientos técnicos pero con respaldo partidista, este último punto requiere de otra columna que escribiré pronto. También hay que revisar la circunscripción nacional del senado.

No es extraño que el 77% de los votantes a senado y el 74% de los votantes a la cámara no se acuerdan por quién lo hicieron. Una reforma política que garantice unas reglas del juego justas es el primer paso hacía un acuerdo sobre lo fundamental que permita avanzar hacia la reconciliación nacional. Esta reforma debe tener la legitimidad de la ciudadanía y el respaldo de todos los partidos políticos, el proceso es largo y no hay más tiempo que perder.

@JuanPCamachoS

Publicado: agosto 19 de 2021