Necesaria y urgente. Es una tarea que desafortunadamente ha venido aplazándose a lo largo de los años. Con la mayor buena fe, el gobierno del presidente Duque implementó algunos cambios en la administración de justicia, pero aquellos no son suficientes ni están a la altura de las necesidades que demanda la sociedad colombiana.
El ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien en su primer año al frente de esa cartera ha hecho una labor impecable y admirable, sacó adelante un paquete de reformas que merecen el reconocimiento debido, pero no se puede ocultar que aquellas son solamente un paso de los muchos que hay que dar.
El congreso jamás podrá aprobar la necesarísima reforma integral y profunda a la administración de justicia. La razón es evidente: ellos, los parlamentarios, son investigados y juzgados por la corte suprema. Así mismo, el Consejo de Estado investiga las denuncias que contra ellos se presentan respecto de sus investiduras. Aquello limita su independencia a la hora de asumir estudiar los evidentes cambios que requiere la rama jurisdiccional.
Es importante entonces que se retome la iniciativa de impulsar un referendo para que sea el constituyente primario el que, en su condición de soberano, apruebe la reforma de la desbarajustada justicia.
Harta razón tienen importantes abogados penalistas que se oponen de manera radical al populismo punitivo. No se trata de endurecer penas sino de hacer cumplir las ya existentes.
El caso del teniente Juan Pablo Vallejo debe servir como estímulo para impulsar la mentada reforma. Resulta inadmisible que el asesino del oficial haya sido puesto en libertad por un juez de garantías que concluyó que la captura del homicida fue ilegal por el hecho de que un uniformado pateó al criminal.
Quien haya cometido esa agresión debe ser sancionado disciplinariamente, pero su actuación no puede servir como sustento para que el juez concluya que el delincuente no puede ser conducido a la cárcel.
Así mismo, es urgente ponerle punto final a la insoportable politización de la justicia. Las altas cortes están mayoritariamente integradas por operadores que responden a intereses politiqueros y no por juristas con sabiduría, ponderación y peso específico.
El proyecto impulsado por un amplio sector de la oposición, consistente en delegar en la corte suprema la elaboración de la terna del fiscal general para que de ella el presidente de la República haga la respectiva elección. Una absoluta hiperconcentración de poder en la más alta corte.
Bueno sería oír las propuestas que sobre la justicia tienen los distintos candidatos que integrarían la coalición que enfrentará a la amenaza socialcomunista. Tanto los precandidatos del Centro Democrático, como el aspirante conservador David Barguil y el independiente Federico Gutiérrez están en mora de avocar esta importante materia que, sin duda ninguna, será neurálgica en el debate presidencial de 2022.
Publicado: octubre 13 de 2021
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