La corte constitucional acaba de dar na nueva prueba de su talante politiquero y mezquino. Ese tribunal, integrado mayoritariamente por agentes santistas, queriendo hacerle daño al gobierno del presidente Iván Duque, acaba de tomar una decisión que hiere de muerte a la economía colombiana.
Si la ley de financiamiento fuera inconstitucional, ¿por qué los magistrados no declararon su inexequibilidad desde ahora mismo y, en cambio, permitieron que esta continuara en vigor hasta el 31 de diciembre de este año?
Si la norma efectivamente tiene vicios de inconstitucionalidad, los magistrados de la corte tienen el deber de tumbar la norma desde ya, y no de forma diferida. Cuando algo es contrario a la ley, debe ser sancionado in límine por parte de los jueces. Hacer lo contrario, implica, automáticamente, la comisión de un prevaricato oceánico.
Los magistrados de la corte constitucional no están administrando justicia, sino haciendo política burda, poniendo en grave riesgo nuestra estabilidad económica y causando un pánico sincero en los inversionistas. Si el error de la ley de financiamiento fue de elemental trámite, procedía entonces que se ordenara hacer la subsanación correspondiente, sin generar la inestabilidad que hoy se registra en nuestro país.
Colombia, ha quedado en un limbo tributario por cuenta de la decisión politiquera de la corte constitucional, tribunal que se defiende diciendo que la declaración de inconstitucionalidad diferida -algo insólito- se adoptó con el propósito de garantizar el recaudo durante los días que restan del año 2019.
Que nadie se llame a engaños: las políticas sociales previstas por el gobierno del presidente Iván Duque han quedado en el limbo por cuenta de la miserable decisión de la corte.
Es prácticamente imposible presentar y lograr la aprobación de una ley en los dos meses que le quedan a la actual legislatura, que vence el próximo 16 de diciembre.
Con unas elecciones regionales a pocos días y un congreso hostil por cuenta de la sabia decisión del gobierno nacional de suspender la maligna mermelada, no será fácil que el Senado y la Cámara de Representantes apruebe una norma compleja en menos de 60 días.
Este no es un asunto de partido, ni de ideología, sino de supervivencia. Los congresistas tienen el gran desafío de poner de lado su apetito burocrático, sus resquemores y malquerencias y poner sobre todas las cosas, los intereses superiores del país. Sin una ley de financiamiento, nuestra economía se va a ir al traste y los efectos sobre todos los colombianos serán catastróficos.
Es evidente que el ministro de Hacienda y la ministra del Interior tendrán que emplearse a fondo para conciliar un proyecto que logre congregar a las mayorías parlamentarias, pero sobre todo, que garantice subsanar efectivamente los supuestos vicios que encontró la cuestionada corte constitucional.
Los magistrados de ese tribunal, cruzaron una línea muy delicada. Por hacerle el mandado a Juan Manuel Santos y a la extrema izquierda, han puesto en grave, muy grave riesgo la estabilidad económica de Colombia.
Publicado: octubre 18 de 2019
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