Doctora

Margarita Cabello Blanco

Procuradora General de la Nación.

La semana pasada el columnista y abogado, Oscar Jahir Hernández, publico en su cuenta de Twitter un video bochornoso, asqueroso, decadente, donde el exprocurador regional de Santander -hoy, procurador regional del Casanare- Yamil Eduardo Álvarez Castro, realizaba reparto de procesos de manera cantinflesca, mientras le hacían el pedicure en las oficinas de la Procuraduría ubicadas en Bucaramanga.

El video es prueba para que la Procuraduría sancione ejemplarmente al procurador Álvarez. También para enviar mensaje a los funcionarios públicos de que en las oficinas y lugares de trabajo se debe guardar compostura y proceder de acuerdo con la dignidad que representan y ostentan. Es lo mínimo.

Pero este hecho que alcanzó repercusión nacional por su particularidad no es lo más grave que ocurre en la procuraduría regional de Santander, respetada Procuradora.

Es de conocimiento público que la Procuraduría Regional de Santander es parcela de un senador de la República, quien, aprovechando su estatus dentro del Partido Liberal, influencia en la bancada congresional y, derecho a elegir Procurador, le permite manejar el cargo no solo del procurador regional, sino también, el de las procuradurías provinciales que tienen jurisdicción en este departamento.

El video es el postre del banquete que se sirven en Santander a nombre de la Procuraduría General de la Nación.

Es decepcionante para la sociedad, para quienes todos los días defendemos la institucionalidad como columna inamovible de nuestra constitución política y de la democracia, que los procesos de la procuraduría en Santander no se desarrollen de acuerdo al mandato de nuestro ordenamiento jurídico; porque los indagados e investigados por la procuraduría, en especial los alcaldes, tienen derecho a que las investigaciones se adelanten dentro del marco de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, las garantías procesales y, finalmente, que quien investiga, sancione o absuelve, de acuerdo a la norma disciplinaria.

Seguir permitiendo que los funcionaros públicos, personas naturales o jurídicas, tengan que negociar política o económicamente en las casas de los políticos, sería seguir abonando el cultivo de la corrupción que tiene cansada a la gente y a Colombia al borde del abismo.

Creo firmemente que la Procuraduría en manos suyas es garantía para acabar con esta aberración institucional, vagabundería sistemática y, con una fuente de ingresos de varias casas políticas que convirtieron a la Procuraduría en la caja y sede proselitista.

@LaureanoTirado

Publicado: marzo 16 de 2021