Una de las tareas pendientes del gobierno nacional, consiste en sacar adelante una reforma integral a la administración de justicia.
El presidente Duque, comprometido como pocos en la lucha contra la corrupción, tiene claro que para que Colombia evolucione, se requiere de una justicia depurada y despolitizada.
El escándalo del Cartel de la Toga, es un síntoma del nivel de podredumbre de nuestra justicia. Se equivocan aquellos que crean que aquel episodio era el único. Desafortunadamente, no fue el primero y no ha sido el último.
La justicia colombiana no opera con independencia. A pesar de que la inmensa mayoría de magistrados, jueces y fiscales del país son personas honorables, que ejercen sus labores con decoro y respeto por las leyes de la República, existen casos brutales de corrupción que afectan a toda la rama y extienden un manto de duda sobre la legitimidad de la justicia.
Otrora, los jueces se pronunciaban a través de sus providencias. Gracias a la acelerada politización que generó la Constitución de 1991, las altas cortes se convirtieron en directorios políticos, donde las pugnas por asuntos burocráticos han desplazado groseramente los grandes debates respecto de la doctrina jurídica.
Lo que sucede en la corte suprema de justicia es inmensamente preocupante; a cuentagotas el quorum de ese tribunal se ha ido desbaratando por la incapacidad de los magistrados para ponerse de acuerdo en la elección de los aspirantes para llenar las vacantes existentes.
De acuerdo con el reglamento, se requiere del voto de mínimo 16 de los 23 magistrados para tomar cualquier decisión respecto de la elección de la persona que va a ocupar un asiento en aquel tribunal.
Hoy, solo quedan 16 magistrados y en 3 semanas se generará una nueva vacante, por cuenta del cumplimiento del periodo del magistrado Ariel Salazar de la sala Civil. Cuando aquello suceda, el país estará ante una situación inédita, pues reglamentariamente, los magistrados no tendrán capacidad ninguna de designar a sus nuevos compañeros y, lo que es más grave, no podrán avanzar en la elección del nuevo fiscal general de la nación.
Y todo este caos tiene una sola naturaleza: el talante politiquero de los magistrados que están sacándose los ojos, unos a otros, por pequeñas migajas de poder y por miserables cuotas burocráticas.
Le desluce a nuestra democracia, que los miembros de la más alta corte del país sean, en la práctica, unos operadores políticos de baja estofa. Con las grandes dificultades que agobian a Colombia, preocupa que la fiscalía vaya a cumplir un año sin fiscal general de la nación. Desde el mes de diciembre, el presidente de la República presentó la terna de candidatos para reemplazar a Néstor Humberto Martínez e inadmisiblemente, los magistrados no se han querido poner de acuerdo para cumplir con su deber constitucional de perfeccionar la elección a la que están obligados.
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Algunos conocedores, aseguran que el próximo jueves, la corte elegirá al fiscal y procederá a llenar las 7 vacantes. Pero aquello no podrá ser interpretado como la solución a los problemas que aquejan a la justicia.
El presidente Duque, la ministra de Justicia, Margarita Cabello y el nuevo fiscal general, tienen la gran misión de combatir al crimen organizado, pero también la de dejarle al país una justicia reformada y descontaminada.
Publicado: enero 29 de 2020
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