Hubo que esperar cerca de un año para que la justicia tomara decisiones respecto a uno de los casos de corrupción más aberrantes que se ha presentado en la sufrida ciudad de Santa Marta, donde los alcaldes de extrema izquierda literalmente embolataron miles de millones de pesos que estaban destinados para la construcción y remodelación de centros de salud para atender a los habitantes de bajos recursos.
El negociado comenzó a ejecutarse durante la administración del exterrorista, desmovilizado de la banda criminal Eln, Carlos Caicedo quien ordenó la \la demolición y construcción de cinco puestos de salud en el año 2014.
Luego de una extensa investigación adelantada por la fiscalía general de la nación, se pudo determinar que las obras, por las que el distrito de Santa Marta pagó más de $6500 millones de pesos, ni siquiera se llevaron a cabo. Centros de salud por los que se pagó su demolición, después de 4 años siguen en pie y, por supuesto, tampoco fueron remodelados.
Caicedo cumplió su periodo en 2015 y fue reemplazado por un miembro de su grupo político, Rafael Alejandro Martínez quien continuó con el carrusel de falsas contrataciones de puestos de salud.
Según la investigación, pocos días después de su posesión, en enero de 2016, Martínez suscribió un contrato por $5 mil millones de pesos para adecuar y terminar 3 puestos de salud adicionales.
Dichas obras tampoco se llevaron a cabo y se estima que en ese contrato hubo un peculado de por lo menos $4 mil millones.
Increíblemente, los involucrados en esta trama de corrupción, encabezados por el exalcalde -y exprecandidato presidencial por la izquierda- Carlos Caicedo y el actual alcalde Martínez, pusieron en marcha toda suerte de artimañas para dilatar la investigación e impedir que el juez de garantías del caso resolviera su situación jurídica y la de otras 4 personas que hacen parte del proceso.
A punta de suspensiones de las diligencias, renuncias de los abogados, excusas médicas rocambolescas y aplazamientos exóticos, los investigados lograron dilatar el proceso durante 11 meses.
Pero, al decir popular, la justicia cojea, pero llega: en las últimas horas, el juez del caso finalmente pudo imputar los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Así mismo, determinó que el alcalde actual de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez y dos procesados más fueran cobijados con detención domiciliaria.
El exalcalde Caicedo, a todas luces el artífice de este vergonzoso desfalco, se salvó de ir a la cárcel, pero continúa vinculado a la investigación.
Entre lágrimas y sollozos, Caicedo reaccionó a la noticia y anunció que revaluará su aspiración a la gobernación del Magdalena. Es obvio que esa eventual candidatura ha quedado enterrada, pues ninguna posibilidad puede tener un individuo que estructuró y puso en marcha una operación reprochable, como en efecto fue el carrusel para apropiarse del dinero de los puestos de salud.
En los barrios populares de Santa Marta, donde los habitantes anhelaban la edificación de centros de salud dignos, celebran la decisión de la justicia, pues no solo no se hicieron las obras que la comunidad necesita, sino que el dinero de las mismas literalmente se esfumó.
Publicado: marzo 21 de 2019
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