Dada la evidente falta de garantías en la sala de instrucción de la corte suprema, el presidente Uribe tomó la decisión de retirar las denuncias que, a través de su abogado Abelardo De La Espriella, había presentado en contra de algunos congresistas de la extrema izquierda que en su momento lo habían injuriado y calumniado.
Efectivamente, se trata del desestimiento de 6 denuncias que en su momento fueron impetradas por De La Espriella en representación del presidente Uribe, a través de las que se buscaba que la Corte impusiera las respectivas sanciones penales por los delitos de Injuria, fraude a resolución judicial y calumnia.
Hizo bien el presidente Uribe al desistir, pues las denuncias en cuestión no solo no iban a prosperar, sino que se arriesgaba a que le hicieran un montaje similar al que estructuró Barceló, cuando ilegalmente convirtió al exmandatario en victimario con ocasión de las pruebas que él mismo presentó en contra de alias ‘Don Iván’.
Es evidente el sesgo y el nivel de corrupción de algunos magistrados de la sala de instrucción, empezando por el cuestionado Cesar Augusto Reyes Medina a quien Santos compró a través del nauseabundo contrato de los $600 millones que surgió en las últimas horas.
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Los hechos sobrevinientes aclaran drásticamente el escenario. Desde la semana pasada, cuando el país empezó a conocer la totalidad del expediente del caso Uribe, por cuenta de la publicación que del mismo ha hecho la directora de ‘Semana’, Vicky Dávila, se han descubierto infinidad de irregularidades en la investigación y el sesgo de la misma, permitiendo concluir que todo el proceso ha sido, en la práctica, una trampa con el propósito de encarcelar al expresidente de la República.
La decisión del presidente Uribe es perfectamente coherente. Él, que fue secuestrado por la sala de instrucción, que resolvió no presentar recurso ninguno frente a la ilegal medida de aseguramiento que fue despachada en su contra teniendo en consideración el sesgo politiquero de sus verdugos, tiene toda la razón cuando decide retirar los procesos presentados en contra de sus calumniadores.
En diálogo con este portal, el apoderado del presidente Uribe, Abelardo De La Espriella, aseguró que “no tiene ningún sentido continuar con esas denuncias, dado que el presidente Uribe no cuenta con garantías frente a esa sala especial de instrucción que, en este caso particular, no opera como un cuerpo que imparte justicia, sino como un elemento de confrontación política. Ellos no proceden con fundamento en las normas legales, sino impulsados por sus preferencias ideológicas”.
Publicado: septiembre 3 de 2020
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