En las últimas horas, se conocieron nuevas revelaciones del alcance criminal de BRG -Berkeley Research Group-, empresa que era dirigida en Colombia por el peligroso exdirectivo del DAS -en el gobierno Samper-, Laude Fernández.
Se ha sabido que Fernández, quien está privado de la libertad y en etapa de juicio por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales, no ha querido colaborar con la justicia, a pesar de las múltiples pruebas que obran en su contra.
Hace pocas horas, el contralor distrital de Bogotá, ordenó el embargo del sueldo de Astrid Álvarez, presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, luego de que se confirmara que esa funcionaria permitió que la entidad que ella preside, le pagara más de $2 mil millones de pesos a BRG.
En la investigación por las chuzadas ilegales, se descubrió que dos abogados que eran contraparte del Grupo de Energía de Bogotá en un multimillonario litigio, habían sido chuzados ilegalmente.
No se descarta que la funcionaria Álvarez, además de la sanción fiscal impuesta por la contraloría, termine enredada penalmente.
El caso de BRG y de los alcances criminales de Laude Fernández, no ha llegado al nivel que corresponde, pues muchos de los aliados y clientes de la red de chuzadas ilegales, continúan sin responder ante las autoridades judiciales.
Uno de ellos, el exsuperintendente de Industria, Pablo Felipe Robledo.
La relación entre Robledo y Laude Fernández empezó a tejerse a mediados de la década de los 90’s del siglo pasado, en el gobierno de Ernesto Samper.
En efecto, una vez el polémico Ramiro Bejarano fue designado como director del DAS, tomó la decisión de designar a su joven alumno Pablo Felipe Robledo, como su secretario privado.
A Bejarano no le importó mayor cosa que su hombre de confianza fuera el hijastro del excoronel Luis Becerra Bohorquez, uno de los lugartenientes más peligrosos del narcotraficante Wilber Varela, alias Jabón.
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En el DAS, Robledo conoció a Laude Fernández, quien se desempeñaba nada menos que como subdirector de inteligencia. Desde entonces, sus vidas han estado íntimamente vinculadas.
Para nadie es un secreto que Robledo convirtió a la Superintendencia de Industria en una brutal policía política desde la que Santos “ajustaba” cuentas contra los empresarios que no le marcharan disciplinadamente a todos sus caprichos. Aquellos que se atrevieron a elevar su voz y a protestar por las medidas adoptadas por el gobierno, sufrieron el látigo implacable de Robledo quien a través de la invención de los procesos por “cartelización”, tuvo en sus manos la posibilidad de perseguir a todo aquel que se le cruzara por el frente.
Existen testimonios que confirman que, por debajo de la mesa, Robledo trabajó con BRG para interceptar ilegalmente a algunos industriales, hechos que claramente fueron ilegales.
Las investigaciones judiciales son mesas de cuatro patas. Todas deben estar al mismo nivel para que la mesa no cojee. Por eso, el proceso de las chuzadas, que en algunos casos ha avanzado rápidamente, tiene un capítulo pendiente: el de la alianza criminal entre el señor Laude Fernández y el cuestionado Pablo Felipe Robledo. Urge que la nueva fiscalía del doctor Francisco Barbosa, tome cartas en el asunto.
Publicado: febrero 11 de 2020
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