No es muy común que el Senado de la República sesione los días jueves, menos cuando está en periodo de receso.
Resulta curioso que el pasado 6 de marzo la presidencia de la República haya emitido el decreto 370 de 2017 convocando a sesiones extraordinarias para aceptar “la renuncia al empleo de magistrado titular de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, presentada por el doctor Ovidio Claros Polanco”.
Ovidio Claros es un cacique liberal, dueño una importante cauda de votos en Bogotá que encontró hace algunos años un “escampadero” en la desaparecida sala disciplinaria del cuestionado consejo superior de la judicatura.
De acuerdo con personas cercanas a la unidad nacional, la urgencia por aceptarle la renuncia a Claros es para que éste no se inhabilite y pueda presentar su nombre en las elecciones de Congreso del año entrante.
Y aquello explica el afán del presidente del Senado, Mauricio Lizcano para que la plenaria de la cámara alta se reúna con el fin de aceptar, cuanto antes, la dimisión presentada.
Para configurar el quórum, Lizcano está llamando personalmente a los senadores que están por fuera de Bogotá para pedirles que se monten a un avión y se hagan presentes en la sesión, sin importar los costos que implica una operación de semejante magnitud.
Otro aspecto que ha llamado la atención es que se haga todo ese despliegue únicamente para el caso de Ovidio Claros, mientras otros miembros de la sala a los que su periodo se les venció hace más de 8 meses, como es el caso de la magistrada Julia Emma Garzón, sigan tan campantes en sus oficinas, sin mostrar el mínimo interés por desprenderse de sus cargos.
Publicado: marzo 9 de 2017