La facultad de objetar las leyes es una prerrogativa inherente a la dignidad presidencial. Sólo el primer mandatario puede devolver los proyectos al Congreso alegando inconveniencia política o posibles vicios de inconstitucionalidad.
Está posibilidad, esencialmente, busca evitar la configuración de lo que se podría denominar como una dictadura legislativa, donde el Congreso le impondría todo tipo de leyes al Gobierno sin que este pudiera hacer mayor cosa.
Por eso, es completamente viable que el Presidente Duque llegue a objetar la Ley Estatutaria de la Jep. Pero no solamente porque es una prerrogativa propia de su cargo, sino por la ofensa que significa ese tribunal para todo el País.
En efecto, la JEP fue creada para cumplir las exigencias de las Farc. Es, como lo dijo el propio Iván Duque en el Congreso, un traje de sastrería hecho a la medida de esa organización. Porque, seamos sinceros, lo último que va a lograr ese tribunal es cumplir con estándares reales de justicia.
La mayoría de los magistrados escogidos son abiertos proselitistas de izquierda o tuvieron jugosos contratos millonarios con el Gobierno Santos. No habrá cárcel para los mayores responsables de crímenes atroces y quedarán en la absoluta impunidad delitos aberrantes como las violaciones a pobres niños inocentes.
Además, se iguala a las Fuerzas Militares con el narcoterrorismo y se hace prácticamente imposible adelantar procesos de extradición, tal como esta sucediendo en el caso Santrich, donde la JEP parece más su defensor de oficio antes que su juzgador.
La mejor muestra de todos estos despropósitos es ver cómo llegan los bandidos de las Farc al dichoso tribunal. Caminan triunfantes con el cinismo que los acostumbra a rendir declaraciones donde no hacen otra cosa diferente de burlarse de las víctimas, mientras los magistrados observan complicemente sin hacer absolutamente nada.
La audiencia de Timochenco, por ejemplo, no fue otra cosa que un miserable recuento de cómo vivió él los días en la guerrilla. Para ello, como lo dijo alguien en Twitter, mejor pongan a un sacerdote a recibir la confesión de esos bandidos, en vez de gastar casi 300mil millones anuales en ese tribunal burocrático.
Por todo ello, es que el Presidente Duque debe considerar seriamente objetar por conveniencia esta Ley. La mayoría del País que ganó el plebiscito así lo exige, tal como también lo queremos los 10 millones de colombianos que votamos por él.
Presidente Duque, no le haga caso a todos aquellos que fueron derrotados en las urnas dos veces y que le quieren imponer la agenda al Gobierno. Siga su corazón y sus convicciones y, sobre todo, escuche el fuerte llamado del pueblo colombiano que rechaza contundentemente la aberrante impunidad que significa la JEP. Objete esa Ley.
Publicado: febrero 22 de 2019